El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos actuar con “prudencia” y no “meter su cuchara” en temas como la polémica reforma al Poder Judicial, impulsada por su Gobierno.
“Para decirlo coloquialmente, pero con todo respeto: ¿Quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos, quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros?”, cuestionó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.
El mandatario federal se refirió así a la información que publicó el periodista Salvador Soto, en una columna en el periódico El Universal, en la que asegura que la DEA alertó en un memorando interno sobre los riesgos de la elección de jueces y ministros mediante el voto popular, la esencia de la reforma.
De acuerdo con la información, la DEA ha advertido de que esto podría propiciar que los cárteles y el crimen organizado postulen a sus abogados y juristas como candidatos a ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces del Poder Judicial con el sistema de votación que se crearía en septiembre próximo.
En ese sentido, López Obrador dijo que “se toma en cuenta” el punto de vista de la organización estadounidense, pero debe actuar con prudencia, “porque México es un país independiente”.
Dijo que esta intromisión sería como si él opinara sobre la ampliación de los plazos para sentenciar a Genaro García Luna, exsecretario de seguridad pública de México (2006-2012) que está detenido en Estados Unidos por narcotráfico, pero aún no recibe su condena de años en la cárcel.
“Pero no me corresponde, tienen ellos sus procedimientos, entonces nada más que sean más prudentes, más respetuosos y lo decimos en buen plan, como cuates (amigos)”, afirmó.
La polémica reforma judicial, que ha provocado incertidumbre en los mercados y caídas en el valor en el peso mexicano, busca, entre otras cuestiones, que magistrados electorales, jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se elijan en las urnas.
Esta reforma es una de las primeras iniciativas constitucionales que la alianza oficialista busca aprobar con una nueva “supermayoría” en el Congreso a partir del 1 de septiembre.
