La Reforma al Poder Judicial y sus implicaciones
Por Ramón Pérez Gutiérrez
La aprobación de la reforma al Poder Judicial implicaría el cese inmediato de 1,665 jueces, magistrados y ministros, lo que significaría que la impartición de justicia esté bajo el control del ejecutivo o dicho de otra forma de quien encabece la presidencia; así lo advierten Académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Existe el riesgo de que el Poder Judicial sea capturado políticamente en caso de prosperar las iniciativas del Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las 20 iniciativas de reformas constitucionales presentadas por el presidente de la República el 5 de febrero de 2024, proponen una modificación profunda de las reglas de acceso y ejercicio del poder.
La reforma al Poder Judicial establece la elección en urnas de los jueces, magistrados y ministros por voto popular, lo cual significaría un daño de grandes dimensiones al Poder Judicial de la Federación. Sus integrantes dejarían la posición de independencia e imparcialidad que actualmente tienen garantizada, y se inicien en el campo de la política para obtener sus cargos.
Esta situación obligaría a quienes imparten justicia a incursionar en el terreno electoral y a resolver las controversias constitucionales, bajo criterios de interés político.
El investigador Javier Martín Reyes menciona que las modificaciones propuestas tienen un fin común: purgar primero y luego capturar a todos los poderes judiciales del país, comenzando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Lo que la iniciativa propone, en pocas palabras, es pasar de un (muy) imperfecto proceso de designación, que no necesariamente garantiza la imparcialidad y el mérito de las personas nombradas, a otro que prácticamente aseguraría la captura y la partidización de la judicatura”.
Lo que en realidad quiere el presidente con la iniciativa de reforma es que las mayorías partidistas sean las que decidan quién puede aspirar o no a un cargo judicial. La reforma no busca que en el Poder Judicial esté representada la pluralidad cultural, social e ideológica que conforman la nación.
La iniciativa presidencial propone que en un plazo no mayor a un año se realicen elecciones extraordinarias, lo que significaría que cesarían en sus funciones todos los ministros, magistrados de circuito, jueces de distrito y magistrados electorales que actualmente están en funciones.
Desde esa lógica queda claro que morena y sus aliados son, la coalición con mayor fuerza electoral en este momento, y que controlan tanto el Ejecutivo como al Legislativo, no es difícil ver cómo, en un par de años, el partido en el poder podría controlar sin problema a todo el Poder Judicial de la Federación.
Para finalizar, estamos ante una reforma regresiva, que busca el desmantelamiento y la captura de los poderes judiciales.
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