Por Andrea Sanz Yus y Núria Morchón
El Día Nacional de los Pueblos Indígenas de este 2024, representa para los pueblos originarios de Chile un año más como único país de América Latina que no les reconoce en su Constitución, y con escasas esperanzas de que esta situación cambie en un futuro cercano.
“Sabemos que somos una minoría, el 13% de la población según el último censo, y como minoría tenemos ciertas demandas que son legítimas y que nos gustaría que se procesaran democráticamente, y eso es lo que hoy día está al deber del sistema político y democrático de nuestro país”, señaló el abogado y académico chileno, Alihuen Antileo.
Para Antileo, miembro de la comunidad indígena mapuche, la calidad de la democracia en los sistemas modernos puede medirse en 2 funciones: “En cómo abordan, primero, las legítimas diferencias culturales y políticas que existen en un país y, segundo, en cómo se tratan esas diferencias con los sectores que son minorías”.
Dentro del país sudamericano viven al menos 10 comunidades indígenas, siendo la Mapuche la más grande con casi 1 millón 800 mil personas, y la más perseguida por defender sus tierras.
“Ahora podemos mostrarnos y no nos van a matar, aunque a algunos compañeros sí los matan en ciertos lugares por defender su territorio”, explicó la atacameña Sandra Durán que denomina como “hermanos” a los miembros de otras comunidades andinas.
Según datos del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), organización global de derechos humanos, en el censo de 2017 el 12.8% de la población se identificó como indígena.
Asimismo, el 87.8% de esta población chilena vive en zonas urbanas, según el censo, como es el caso de Durán, donde siente que está “en otra dimensión” por los contenidos escolares, que “van en contra del medio ambiente”.
“La Constitución debería reconocer a todos los elementos naturales como sujetos de derecho, porque ellos son parte de la vida. Sin los componentes de la naturaleza, nosotros no existimos”, denunció Durán.
Defensa y vínculo con la naturaleza
Juan Huarancca, indígena quechua y docente del idioma runa simi explicó el valor más relevante para él de los pueblos originarios: “La sensibilidad con el otro, con entender la naturaleza, la tierra y la sensibilidad con los animales”.
La “Ley Indígena” en Chile no ha sido modificada, a pesar de la necesidad urgente de adecuarla a los estándares internacionales, según la IWGIA.
Además, la organización pro derechos humanos indica que, tras el rechazo del electorado en el plebiscito de septiembre de 2022 a un nuevo texto constitucional, los partidos políticos del Congreso buscan impulsar un nuevo proceso constituyente a través del “Acuerdo por Chile”.
El reconocimiento constitucional a la población indígena, según Alihuen Antileo, supondría “ganar el derecho a la tierra y al territorio, un derecho eminentemente colectivo”, puesto que la propiedad indígena no es de carácter privado, como en general en Occidente, sino que se “busca privilegiar el resguardo de los bienes comunitarios”.
En cuanto a derechos educativos y lingüísticos, Antileo confía en que mediante la reforma de la “Ley Indígena”, los sectores más conservadores estén dispuestos a dialogar y avanzar en ello, poniendo énfasis también en el derecho de participación política diferenciada, con la posibilidad de tener escaños reservados en la Cámara o en el Senado.
Una posibilidad que a la vista de las corrientes que marcan la política chilena se antoja muy difícil, tras un primer proceso constituyente en el que la cuestión indígena fue instrumentalizada en un agrio debate político que acabó con la victoria de un texto que reconocía la mayor parte de las aspiraciones de los únicos pueblos originarios no reconocidos constitucionalmente en Latinoamérica.
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