Organizaciones civiles rechazaron la propuesta de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de que la Guardia Nacional opere bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al advertir que rompe con el orden constitucional y conlleva diversos riesgos para la población.
Según precisó Reforma en su edición digital, este lunes, la morenista rechazó que la adscripción de la GN a la Defensa Nacional implique militarización.
Al ser instituciones civiles las que dictan las políticas de seguridad, dijo, no puede hablarse de ello.
Ante ello, Amnistía Internacional y Seguridad Sin Guerra pidieron a Sheinbaum respetar el orden y regresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles.
Estas organizaciones han hecho múltiples llamados al presente Gobierno de México para que los militares desempeñen exclusivamente las funciones que dispone la Constitución en tiempos de paz.
No obstante, la próxima presidenta buscará impulsar una reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero que plantea cambiar la naturaleza civil de la Guardia Nacional a una institución militar y la ampliación de la obligación del Ejecutivo federal para disponer de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública.
“Esta es una reforma significativa porque trastoca sustantivamente la disposición del artículo 129 de la Constitución (…) avanzar con una serie de reformas de esa naturaleza es, en realidad, una redefinición de las relaciones cívico-militares, que rompe el orden constitucional definido desde 1917, mediante el cual se estableció que las Fuerzas Armadas en tiempos de paz no podrían realizar más actividades que las propias relacionadas con la disciplina militar y que estarían subordinadas a la autoridad civil”, expusieron las organizaciones.
“En ese sentido, hacemos un llamado a la próxima presidenta y al Congreso de la Unión a desechar la iniciativa de reforma constitucional (…) realmente sienta la base para la participación de militares en todos los órdenes de la vida pública civil de nuestro país y válida todas las tareas extraconstitucionales y violatorias de las obligaciones internacionales de México que han sido otorgadas a las Fuerzas Armadas”.
De concretarse, añadieron, implicaría una violación al principio de la separación de poderes y la independencia judicial, al asumir las Fuerzas Armadas tareas de investigación, incluso en casos de delitos en los que el propio personal castrense esté involucrado.
“Hemos visto a lo largo de los años que las Fuerzas Armadas se protegen a sí mismas y no están dispuestas a que sus efectivos rindan cuentas ante la justicia.
“Amnistía Internacional y Seguridad Sin Guerra hemos insistido y constantemente evidenciado, no sólo lo fallido de un paradigma militar que desde 2006 no ha logrado contener ni el trasiego de drogas ni la violencia, sino también los riesgos para las libertades y derechos humanos de tener una GN castrense”, enfatizaron.
Recordaron que de los 14 casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido sentencias contra México, al menos 6 (casi la mitad de los casos) se refieren a violaciones perpetradas por miembros del Ejército, incluyendo tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
“Por lo que, esta reforma, además de las graves implicaciones en el orden jurídico mexicano, mantiene al país alejado de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, agregaron.
Para evitarlo y cumplir con lo dispuesto por la Constitución y las obligaciones internacionales de México, precisó Reforma, pidieron a la próxima presidenta, presentar un plan de desmilitarización, así como a poner en marcha mecanismos de fiscalización de la actuación de las Fuerzas Armadas cuando desempeñan de manera extraordinaria labores de seguridad pública.
Del mismo modo, buscar mecanismos para regular la participación de las FA y subordinarlas a la autoridad y mandos civiles; garantizar recursos para las policías estatales y municipales; y actuar bajo el criterio de que las personas deben estar en el centro de la seguridad pública.
“Desde Amnistía Internacional y el Colectivo Seguridad Sin Guerra consideramos que un Gobierno electo bajo las reglas democráticas debe preservar el orden constitucional y el respeto al pacto de la relación cívico-militar que ha sometido a la autoridad y mando civil a las instituciones militares, a la vez que ha limitado sus funciones en tiempos de paz a actividades exclusivas a la disciplina militar”, insistieron.
Con información de Reforma
