Por Alejandro Prieto
Respaldar con financiamiento las candidaturas de mujeres, personas con discapacidad, afrodescendientes e indígenas, con más obstáculos producto de su histórica exclusión, es clave para alcanzar una oferta política inclusiva, según la experta de la Organización de Estados Americanos (OEA), Betilde Muñoz-Pogossian.
Con “importantes progresos” concretados en la región latinoamericana, para la directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA son muchas las tareas pendientes en el camino hacia una mesa de toma de decisiones donde todas las poblaciones tengan lugar, voz y voto.
Un vaso medio lleno
“Ha habido progresos a nivel regional en cuanto a una mayor inclusión y representación de mujeres y de grupos en histórica situación de vulnerabilidad, pero todavía falta mucho por hacer y hay elementos de las acciones que permiten revertir esta situación en que todavía tenemos que seguirnos enfocando”, resalta en una entrevista en Montevideo.
Es que, según la autora de 2 libros sobre la temática y cofundadora de la Red de Politólogas No Sin Mujeres, invitada a Uruguay por el Departamento de Estado de Estados Unidos como parte de su programa U.S. Speaker Program, aun siendo insuficientes, no se debe subestimar los avances regionales en esta línea.
“Yo uso la analogía del vaso medio lleno, en el sentido de que definitivamente ha habido importantes progresos a nivel regional, donde el Uruguay también ha tenido una contribución (…), como los avances que con Costa Rica ha tenido en el diseño de política social en materia de cuidos, para distribuir mejor la carga”, explica.
Según la venezolana, que durante su visita mantuvo con autoridades, legisladoras y referentes de la sociedad civil uruguaya reuniones alineadas con el “intercambio de experiencias y conocimientos” que busca el U.S Speaker Program, conocer la realidad es clave para diseñar estrategias.
Así, argumentó que es importante “mapear cuáles son los obstáculos que persisten” en el acceso a derechos de las mujeres y otros grupos históricamente discriminados, como los indígenas, las personas mayores, afro, con discapacidad o LGBTIQ+, cuyos retos, dijo, tienen “comunes denominadores” pero son “particulares” de cada colectivo.
Accesibilidad, paridad y financiamiento
Creado por ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria, el mapa Mujeres en la política de 2023 arroja que las mujeres son jefas de Estado en solo 31 países y ocupan el 26.5% de los escaños parlamentarios.
A lo que menciona los estereotipos sobre los roles de género, la disparidad salarial o la problemática del “uso del tiempo”, concentrado más en los cuidados en el caso de las mujeres, como algunos de los obstáculos que explican esa “subrepresentación”, Muñoz-Pogossi enfatiza también los que enfrentan las personas con alguna discapacidad.
Uno, dice, es el de la accesibilidad en la información electoral, para que puedan recibirla “ajustada a las diferentes discapacidades”, ligado al de informarles sobre cómo participar del proceso: “por ejemplo, que personas sordas puedan recibir capacitación para ser miembros de mesa el día de la elección y orientar a los electores (…) en lengua de señas”.
“El modelo ideal al que se tiene que llegar es uno de apoyos y salvaguardas a las verdaderas intenciones y preferencias del elector con una discapacidad, no que otras personas voten por ellas, entonces este es un elemento importante que definitivamente tenemos que seguir atendiendo”, recalca asimismo sobre la relevancia de garantizar su capacidad jurídica.
En tanto llama a enfatizar “cómo las medidas de paridad pueden servir para dar una oferta al electorado más inclusiva de las contribuciones de mujeres políticas o de personas de grupos en situación de vulnerabilidad”, para la experta es clave, tanto para Uruguay -rezagado en parlamentarias respecto a Argentina, Chile o Perú- como para otros de la región, instrumentar nuevos apoyos.
Pensando en el caso de personas con discapacidad, que en Latinoamérica suponen un 14.7% pero solo tienen representación de 1%, propone implementar algo ya aplicado para mujeres en política: el crear “condiciones de acceso a financiamiento para sus campañas o financiamiento indirecto con tiempo en radio y televisión para promover sus candidaturas”.
A su vez, advierte sobre el “riesgo” de que una vez que son electas estas personas terminen sólo ocupando puestos en “una unidad especializada” en políticas específicas para su grupo poblacional.
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