Edgar Martín Dueñas, consejero electoral, señaló que es preocupante que en diversas ocasiones, durante el pasado proceso electoral, la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE), Adriana Ruiz Visfocri, manifestara implícita y explícitamente que varias consejerías tenían intereses externos o presiones de ciertas fuerzas políticas.
Indicó que esos señalamientos realizados por la consejera María Elena Adriana Ruiz Visfocri nunca tuvieron ningún sustento: “De manera categórica puedo afirmar que nunca tuve ninguna presión en esta consejería y que solo fueron comentarios al aire sin ningún sustento”, afirmó.
Además, Martín Dueñas dijo que, si la consejera presidenta tiene algún argumento, debería probar sus dichos y mencionó que una cuestión criticable fue el hecho de que para las entrevistas o todo lo relacionado con la comunicación social, solo existía la presidenta. “No hay más, todos los temas los abordó ella desde su óptica o desde su conocimiento, y en varias ocasiones erró en la información respecto a los procedimientos que llevó a cabo el Instituto”.
Consideró que los medios de comunicación debieron ser más abiertos y dar participación a los demás consejeros y consejeras electorales, ya que cada uno preside una comisión con actividades muy específicas. “Invito a que los medios tengan mayor apertura”, expresó.
Por otro lado, el consejero electoral mencionó que la presidenta del IEE nunca convocó a las consejerías a participar en la elaboración de la orden del día de las sesiones del Consejo General, a pesar de lo que establece el Artículo 116 del Código Electoral del Estado, señalando que fue una reiterada omisión por parte de la presidencia. “Nos enterábamos de los asuntos a tratar hasta que llegaba la convocatoria, sin que se socializara con anterioridad”, comentó.
Edgar Martín Dueñas indicó que otra cuestión a reclamar es que en varias ocasiones la presidenta no concedió el uso de la voz a los consejeros. “Hubo al menos un par de ocasiones en las que pedí el uso de la voz para hacer aclaraciones a las acusaciones de la presidencia, pero se me negó el acceso”, afirmó.
Asimismo, señaló que la presidenta hacía mal uso de las rondas de participación, determinando de manera autoritaria y unilateral cuándo terminaba una ronda y cuándo iniciaba otra. “El problema no solo radica en las negativas en sí, sino en la discriminación en la que incurría, ya que permitía y hasta consultaba a otras consejerías después de haber cerrado una ronda”, añadió.
Por otra parte, recordó los retrasos y negativas para liberar pagos correspondientes a los supervisores electorales y a los capacitadores y asistentes electorales locales que apoyaron al instituto. “Las quincenas y los pagos de telefonía y de aplicación de mecanismos de recolección fueron retenidos por supuestas irregularidades y falta de firmas de contratos y adendas, sin informar cuáles fueron esos supuestos errores”, explicó.
Martín Dueñas mencionó que fue una absoluta falta de respeto y violación de los derechos humanos de las 300 personas que desempeñaron dichos cargos, dejándolas sin recursos para salir al campo. “Si a la presidenta le hubieran retenido el pago, habría interpuesto un juicio por violación a los derechos humanos. Quedó claro que ella pudo violentar esos derechos cuando lo deseó”, concluyó.
