Este jueves 1 de agosto, los trabajadores del Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE) realizaron un paro laboral para exigir al Congreso del Estado la autorización urgente de una ampliación presupuestaria de casi 2 millones de pesos. Ese incremento se destinaría a contratar más personal, con el fin de desahogar diligencias de alrededor de 5 mil juicios activos y en trámite.
La decisión de realizar el paro se tomó debido a la falta de respuesta de las autoridades correspondientes, a pesar de que ya se habían realizado acercamientos con la gobernadora Indira Vizcaíno, la Secretaría General de Gobierno y representantes del Congreso del Estado.
“Se tomó la decisión de paralizar las actividades hoy en protesta por la situación que prevalece en el Tribunal. Desde el año pasado solicitamos un incremento presupuestario de 1 millón 980 mil pesos y el Congreso no lo autorizó. Hemos hecho gestiones reiteradas y personales con el Poder Legislativo, nos hemos entrevistado con la gobernadora y con el secretario General de Gobierno, con el propósito de que reconsideren el incremento que nos permita la contratación de nuevas plazas para cumplir con la obligación de impartir justicia de manera pronta y expedita”, indicó el magistrado presidente del TAE, Vicente Reyna Pérez.
En una entrevista destacó que actualmente los justiciables, abogados, trabajadores, sindicatos y tribunales federales han estado presionando al TAE para que resuelva los asuntos pendientes, algunos de los cuales datan de 2017, 2018 y años posteriores.
El Tribunal de Arbitraje y Escalafón cuenta con más de 5 mil expedientes y el personal es insuficiente, con solo 13 abogados encargados de la actividad jurídica o jurisdiccional. Actualmente, todos los trabajadores recurren al TAE para reclamar derechos, como basificación, reinstalación tras despidos, pago de prestaciones, e incrementos salariales y bonos.
“Nosotros debemos impartir justicia en los términos y plazos que establece la Constitución y las leyes secundarias, pero hemos llegado a un punto en que es imposible continuar trabajando en estas condiciones”, manifestó Reyna Pérez.
El magistrado presidente señaló que muchos trabajadores y organismos sindicales recurren a la vía de amparo ante los jueces de distrito, lo que genera una gran presión y responsabilidad para el personal del TAE. Cada vez que se reciben notificaciones de un tribunal federal, existe la amenaza de multas, que ya se han impuesto, además de la posible destitución del magistrado presidente y la posible acción penal en su contra. “No estamos para eso. Realizamos nuestro trabajo con la mejor disposición y voluntad, pero a pesar de que hemos tocado puertas, no hemos recibido respuesta”, añadió.
Reyna Pérez expresó preocupación por la situación, ya que se está generando un conflicto entre los justiciables y el personal del Tribunal, mientras el Poder Legislativo permanece inactivo y no asume su corresponsabilidad. “El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben garantizar que se imparta justicia en materia laboral”, destacó.
Comentó también que hace aproximadamente un mes acudió, acompañado de algunos colaboradores del TAE, con el diputado Armando Reyna, presidente de la Comisión de Presupuesto y Disciplina Financiera, pero hasta el momento no ha habido respuesta. Vicente Reyna prevé que, con los próximos cambios en las administraciones municipales, se presentará un número considerable de nuevos casos o expedientes.
El presupuesto autorizado para 2024 al TAE es de 8 millones 320 mil pesos, mientras que el tribunal había solicitado 10 millones 280 mil pesos, solicitud que no fue autorizada por las y los diputados locales. La ampliación presupuestaria se destinaría a contratar 8 nuevas plazas para fortalecer las áreas de Secretaría de Acuerdos, Actuaría, Proyectos y Amparos.
César Barrera