La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, acusó a jueces de “desmoronar” el trabajo de coordinación de las dependencias encargadas de combatir el crimen cuando dejan en libertad a personas vinculadas con la delincuencia organizada o de cuello blanco a través de amparos.
“Todo lo realizado para lograr la captura de una persona vinculada a la delincuencia organizada o a la delincuencia de cuello blanco se desmorona cuando un juez decide otorgarle un amparo y dejarlo en libertad argumentando deficiencias en la investigación o a veces meros formalismos”, advirtió.
Según publica Reforma en su edición digital, en un video que se transmitió durante los Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial, en Culiacán, Sinaloa, aseguró que en algunos casos los juzgadores aplican “el clásico sabadazo” para dificultar la actuación de las autoridades y tratar de hacer menos visibles sus actuaciones, las cuales evidencian la impunidad solapada por juzgadores.
“Hay un marcado favorecimiento de jueces y magistrados a delincuentes, lo que genera impunidad, afecta gravemente la seguridad nacional y manifiesta una falta de sensibilidad hacia las víctimas, a quienes niegan el acceso a la justicia, gracias al esfuerzo de muchas instituciones de seguridad”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó el caso de Abraham Oseguera, hermano de “El Mencho”, quien fue liberado porque un juez estimó poco creíble que una persona de 70 años estuviera en la madrugada con armas y droga en su poder.
Otros casos, dijo, son el de Luis Antonio Yépez, hijo de “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, puesto en libertad a pesar de haber sido detenido en posesión de armas y tras eventos violentos en Guanajuato, o el de Alberto García, alias “La Kena”, líder del Cártel del Golfo, quien salió de prisión luego de que un juez considerara que no había indicios para detenerlo.
Pese a esto, dijo, este Gobierno ha logrado reducir en 24.5% la incidencia delictiva del fuero federal con respecto a diciembre de 2018 y en 18% los homicidios.
La próxima secretaria de Gobernación advirtió que para que estas cifras sigan a la baja se necesita la colaboración absoluta del Poder Judicial.
Afirmó que para que las instituciones de seguridad pública y procuración e impartición de justicia trabajen en conjunto en beneficio de la población, es necesaria una reforma que cambie la manera en la que se administra la justicia en el país.
Rodríguez se manifestó a favor de la elección popular de jueces que ocurre, como aseguró, en Suiza con el apoyo de los partidos políticos y en algunos lugares de Estados Unidos.
“Si en otras latitudes del mundo ha sido benéfico y se ha mantenido la elección de juzgadores, México no puede ser la excepción”, indicó.
La funcionaria federal también llamó a los legisladores a seguir trabajando en mecanismos ágiles para otorgar preliberaciones y amnistías a indígenas, mujeres, adultos mayores, a personas con enfermedades terminales o con discapacidades o a víctimas de tortura.
Dijo que lo anterior sería un acto de justicia para quienes no cometieron delitos graves y no pudieron pagar un abogado o no pudieron contar con un traductor.
Con información de Reforma
