En un ambiente de creciente desesperación, los líderes de las 2 principales uniones de taxistas de Tecomán denunciaron el incumplimiento de las promesas hechas por las autoridades locales y estatales. El descontento es palpable, y el tiempo se agota mientras la Legislatura estatal actual se acerca a su fin sin que se hayan tomado medidas efectivas.
Carlos Samuel Serrano Cabrera, secretario general de la Unión de Permisionarios de Automóviles y Conexos de Tecomán, conocida popularmente como Radio Taxi; y Raúl Arroyo Ortiz, secretario general de la Alianza de Permisionarios de Taxistas de Tecomán, conocida como Las Iguanitas, se reunieron para analizar la grave situación que enfrenta su sector.
La reunión evidenció una creciente frustración por la falta de respuesta de las autoridades competentes, a pesar de las promesas hechas en meses anteriores. El conflicto gira en torno a la presencia y regulación de las mototaxis en Tecomán. En un acuerdo previo, se estableció que se analizarían las iniciativas para regular o, en su defecto, retirar estas motocicletas adaptadas del mercado de transporte. Las promesas vinieron de figuras clave como el subsecretario de Movilidad y los diputados, quienes se comprometieron a resolver el asunto. Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido avances ni respuestas concretas por parte de las autoridades ni de los representantes en el Congreso del Estado.
Carlos Serrano, en una declaración, expresó la indignación de los taxistas: “Nos sentimos completamente ignorados. Las promesas hechas por las autoridades y los representantes populares han sido olvidadas, y ahora nos encontramos con un sector en crisis, esperando soluciones que nunca llegan”.
Los líderes del sector han solicitado urgentemente a la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, que tome cartas en el asunto. Exigen que se cierre el tema y que se genere la iniciativa legislativa necesaria para abordar esta problemática, que ha llevado a una situación insostenible para el gremio de taxistas y urbaneros.
“La falta de acción no solo afecta nuestros ingresos, sino que también pone en riesgo la seguridad y la calidad del servicio para los ciudadanos. Necesitamos que la gobernadora y las autoridades competentes cumplan con lo que prometieron. El tiempo se está agotando, y nuestras familias dependen de una solución urgente”, concluyó Raúl Arroyo.
