Por Jean-Fernand Koena
Agnès y Florence forman parte de las miles de mujeres supervivientes de la violencia sexual empleada como arma de guerra en el conflicto desatado en la República Centroafricana (RCA) hace más de una década.
“Cuando los rebeldes entraron en nuestra aldea, abusaron de mí y de muchas otras mujeres de aquí. Desde entonces, me ha costado sentirme feliz con mi familia y mis hijos”, dice a EFE Agnès, sin revelar su nombre completo, con la voz rota y evitando cruzar la mirada.
El retorno de la paz en la zona permitió a esta mujer de 46 años regresar a su pueblo, Goddo, a unos 8 kilómetros de la ciudad de Kaga-Bandoro, después de que la violencia la forzara a huir a un campo de desplazados situado cerca de la sede local de la Misión Internacional de Apoyo a la RCA con Liderazgo Africano (MISCA), liderada por la Unión Africana (UA).
Ese dispositivo fue sustituido en 2014 por la actual Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la RCA (Minusca).
El país -uno de los más pobres del mundo pese a ser rico en diamantes, uranio y oro- sufre violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana -los Séléka (“alianza” en idioma sango)- tomó la capital, Bangui, y derrocó al presidente François Bozizé tras 10 años en el poder (2003-2013), dando inicio a una guerra civil.
Como resistencia a los Séléka se formaron las milicias cristianas anti-Balaka (“antibalas de AK47”, en francés) que, como el primer grupo, terminaron divididas en facciones armadas.
Pero todos los bandos tenían algo en común: tratar el cuerpo de las mujeres como una extensión del campo de batalla.
Un Estado hundido
“Durante esos hechos, el Estado se hundió y no había ni Policía ni Gendarmería. Hoy, quienes me violaron ya no están. No encontraré reparación en la justicia de los hombres, sino en la de Dios”, dice Agnès, poniendo voz a la desconfianza que sienten estas mujeres por el sistema judicial centroafricano, que sigue sin darles respuestas.
En Kaga-Bandoro, Florence (nombre falso para proteger su identidad), rememora en una conversación con EFE cuando los Séléka atacaron la ciudad e incendiaron todas sus posesiones el 12 de octubre de 2013.
“En nuestra huida hacia la base de la MISCA fui herida de bala en la pierna. En ese momento, asesinaron a 2 hijos de mi hermana que no podían sostenerse y murieron en el acto”, relata esta mujer que ronda los 50 años, mientras enseña a EFE las cicatrices que dejaron los disparos en su cuerpo.
“Me trasladaron al hospital para recibir atención médica y entonces (los rebeldes) llegaron diciendo que querían acostarse conmigo. Lloré mientras les decía que me habían disparado, pero ese no era su problema: me violaron a mí y a las madres de los niños que estaban allí”, añade.
“Los niños fueron arrojados al pozo que está justo detrás del hospital de la prefectura” de Nana-Grébizi, de la que es capital Kaga-Bandoro, precisa.
Injusticia y estigma
Al igual que muchas otras mujeres, Florence presentó una denuncia. Como los tribunales no funcionaban en ese escenario de guerra, lo hizo ante la MISCA, que no tenía competencias judiciales, así que la queja no progresó.
Pero incluso las mujeres que sí acabaron denunciando ante los tribunales, no lograron justicia y, además, afrontan un estigma social.
“Las mujeres violadas son rechazadas, no pueden ir al mercado, ni siquiera visitar a sus padres si hay un funeral familiar. Es triste. Hemos presentado varias denuncias que no han sido juzgadas”, afirma a EFE Angélique Ngueremalé, presidenta de la oficina local de la Organización de las Mujeres Centroafricanas (OFCA, en francés).
EFE contactó con el presidente en funciones del tribunal de Kaga-Bandoro, Alexandre Mathurin Mokpem, quien argumentó que, recién llegado al puesto, no podía dar respuestas sobre este problema.
Diferentes motivos explican la falta de justicia para las mujeres de Kaga-Bandoro. En primer lugar, el Tribunal de Apelaciones de Bambari, a quien corresponde juzgar la violencia sexual cometida en esa zona, no funciona desde hace años.
En el resto del país también suponen un obstáculo los prejuicios y el propio Código Penal centroafricano, que no define bien el crimen de violación.
A esto se suma la dificultad de atrapar a los perpetradores en un contexto de violencia sistemática.
En Goddo, entretanto, Agnès arrastra cada día el trauma de lo que vivió. “Mi marido no me ha rechazado -confiesa-, pero todavía siento culpa dentro de mí”.
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