Las y los diputados de la Sexagésima Legislatura local, incurrirán en una grave violación a la Ley de Amparo, si es que la tarde de este miércoles sesionan para aprobar la Minuta Proyecto de Decreto que les remitió el Senado de la República, que contiene las modificaciones a la Constitución federal de la República, en materia de reformas al Poder Judicial.
Lo anterior fue afirmado por el magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Colima, Martín Rubio, quien dijo lo anterior luego de que existe una suspensión provisional para que no aprueben la minuta de reforma al Poder Judicial de la Federación.
En una entrevista con los representantes de los medios de comunicación, el magistrado del Poder Judicial de la Federación dio a conocer que el pasado 5 de septiembre, el Congreso del estado de Colima fue notificado a las 2:49 de la tarde, de una suspensión provisional dictada por el titular del Juzgado Segundo de Distrito, juez Francisco García, que coincidió con una suspensión provisional ante un recurso de amparo promovido por un particular.
La notificación que se hizo al Congreso del Estado fue mediante el oficio 19902/2024, por el actuario Jorge Michel Hernández Alcaraz, en donde se ordena al Congreso del Estado de Colima no entrar a la discusión de las reformas constitucionales al Poder Judicial.
El magistrado Martín Rubio destacó que en caso de que este ordenamiento sea desacatado por las y los diputados del Congreso del Estado, estarán incurriendo en graves delitos a la Ley Federal de Amparo, “y si bien ahorita tienen fuero como legisladores, en escasos 15 días ya no tendrán esa protección, por lo que se les podrían promover las sanciones”.
Insistió el magistrado del Tribunal, Martín Rubio, que la suspensión para abstenerse de entrar a la discusión de la reforma judicial era para todos los congresos de los estados, “entonces si ahora entran a la discusión y aprobación de la minuta, estarán cayendo en desacato… los legisladores podrían ser sancionados con privación de su libertad, tal y como lo establece la Ley de Amparo, con una pena que rebasa los 5 años”.
Cabe mencionar que un juez federal en Colima concedió la cuarta suspensión provisional que ordena a legisladores federales no aprobar (diputados y senadores) que la iniciativa ya votada “tampoco se envíe, si continuara el proceso legislativo, a las legislaturas locales para su aprobación”.
