Amnistía Internacional (AI) pidió, en el Día Mundial de los Refugiados, que los Estados de América pongan fin “de inmediato” a la discriminación contra los haitianos que solicitan asilo debido a la crisis generalizada y la violencia en su país.
“Los Estados de las Américas deben cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos sin discriminación, evaluar las necesidades de protección de la población haitiana que busca refugio en procedimientos de asilo justos y efectivos y abstenerse de expulsarla a Haití”, indicó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, según un comunicado de esta organización.
Los países del continente, agregó, han de “proteger y defender la dignidad y los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo de nacionalidad haitiana. Para abordar los peligros y las injusticias graves a los que estas se enfrentan, la región debe ser solidaria y reformar las políticas de migración con una perspectiva antirracista”.
Ello contrastaría con “unas políticas migratorias y de asilo racistas” que exacerban los daños a quienes huyen de su país y que, en lugar de la protección que buscan, sufren “racismo, xenofobia y violencia sistemática”.
Amnistía denunció que ha documentado y ha recibido información sobre “agresiones, detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, expulsión colectiva y prácticas discriminatorias que socavan los derechos humanos de la población haitiana solicitante de asilo y su acceso a la protección internacional en Perú, Chile, República Dominicana, Estados Unidos, México y otros países del Caribe y América Central y del Sur”.
Además, quienes abandonan Haití y transitan por América han padecido “una falta constante de acceso a servicios básicos y protección jurídica” debido al racismo y los estereotipos negativos en su contra que “obstaculizan su integración y perpetúan su marginación”.
Ello afecta aún más a mujeres, niñas y personas del colectivo LGBTI porque a la discriminación se suma la violencia de género.
Ante todo ello, AI considera que “los gobiernos de la región deben poner fin a las expulsiones y deportaciones colectivas, así como a otras prácticas racialmente discriminatorias contra las personas necesitadas de protección internacional, incluidas las de procedencia haitiana».
Han de proporcionarles, añade, acceso a una protección sin discriminación, incluidas evaluaciones justas e individualizadas de la condición de refugiado y otras vías para regularizar su situación, conforme a la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados y la Declaración de Cartagena.
Debido a la crisis socioeconómica y política que vive Haití -agudizada tras el asesinato en 2021 del entonces presidente Jovenel Moise– y una extrema violencia a mano de las bandas armadas que controlan gran parte Puerto Príncipe y sus alrededores, miles de personas han abandonado sus hogares y se han convertido en desplazados internos o externos, solicitantes de asilo en otras zonas de América.
También huyen de la inseguridad alimentaria que en Haití, el país más pobre del continente, afecta a 4.9 millones de personas de una población de algo más de 11 millones.
