La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la “persistencia de graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Nicaragua con motivos políticos”, e instó al Estado a su inmediata liberación.
En una declaración, ese organismo indicó que en las últimas semanas el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH recibió testimonios de algunas de las 135 personas excarceladas el 5 de septiembre pasado y desterradas a Guatemala denunciando las violaciones a los derechos humanos que sufrieron en cautiverio.
“Los testimonios recibidos apuntan a las persistentes deplorables condiciones de detención que se caracterizaron por la insalubridad en las celdas, falta de acceso a agua potable, alimentación insuficiente y de mala calidad, negligente atención médica y falta de acceso a medicamentos, así como restricciones en la recepción de paquetería y visitas familiares”, expuso la CIDH.
Las denuncias y testimonios recibidos, alertó ese organismo, “indican la comisión de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios estatales, como golpizas y descargas eléctricas, aislamiento prolongado, privación del sueño, interrogatorios constantes, y acceso limitado a la luz solar”.
La CIDH dijo que recibió testimonios de mujeres detenidas en el centro penitenciario conocido como La Esperanza, que refiere a la falta de acceso a productos básicos de higiene, espacios inadecuados para dormir y condiciones de hacinamiento en celdas insalubres.
“Algunos testimonios apuntan a la aplicación de regímenes de aislamiento. Asimismo, se documentó la falta de atención médica y de medicamentos adecuados, a pesar de que muchas presentaban problemas de salud, como infecciones. También se documentó la presencia de cámaras de vigilancia en las celdas”, apuntó.
Tras su excarcelación y destierro a Guatemala, las personas liberadas manifestaron enfrentar incertidumbre y vulnerabilidad debido a las secuelas físicas y emocionales sufridas en prisión, así como temor por la situación de sus familias en Nicaragua, advirtió la CIDH.
