Isela Uribe Alvarado, titular de la Contraloría General del Gobierno del estado, confirmó que en las supuestas denuncias por descuentos irregulares a trabajadores de la administración estatal a favor de la campaña de Claudia Sheinbaum, denunciados por el diputado local Jesús Dueñas, existe una denuncia presentada vía WhatsApp, por lo que se abrió una investigación se está integrando y que podría durar entre 5 a 6 meses.
En una conferencia de prensa, aseguró que los lineamientos de evolución patrimonial de servidores públicos es la ruta para evitar casos de corrupción, cuyos parámetros alineados desde la Federación se están implementando por primera vez en el Gobierno del estado que ahora encabeza Indira Vizcaíno Silva.
“Los lineamientos de evolución patrimonial es la ruta implementada, no es una ocurrencia, es una ruta que está establecida en la ley general y con la que nosotros estaremos trabajando”, declaró la Contralora General del Estado.
Durante una rueda de prensa, Isela Uribe informó sobre la elaboración de micrositios en la web, los cuales consideró relevantes para atender las denuncias, lo que permitirá sistematizar y tener pruebas más sólidas en la integración de la carpeta de investigación por hechos que vayan contra la normativa.
Cuestionada sobre el presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios estatales de primer nivel, la Contralora refirió que están establecidos los lineamientos de evolución patrimonial en los servidores públicos y que se están aplicando por primera vez en la administración local.
Refrendó que la Contraloría del Estado ha sido respetuosa en la integración de las denuncias, y citó como ejemplo el cuidado del debido proceso, por lo que se hizo una estructura en el área de denuncias, mejorando la funcionalidad, y aclaró que al respecto de los casos mencionados no hay denuncias por enriquecimiento ilícito.
En otros temas, referente a los presuntos actos de corrupción del Gobierno anterior, Isela Uribe refirió que la prescripción es la medida con la que cual están determinado, por ley, por lo que aseguró que están en los términos legales, ya que, de haber una prescripción, aceptó, estarían en una omisión o responsabilidad de su parte.
Adelantó que en diciembre se estarían judicializando las denuncias de los casos “más importantes”, como del crédito de 740 millones de pesos, los basificados, préstamos personales, entre otros más relacionados con licitaciones públicas, los cuales se mantienen en sigilo por el cuidado al debido proceso.
Explicó que esas denuncias prescriben en un plazo de 3 a 7 años, dependiendo de si sean graves o no, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y afirmó que se está trabajando en combatir la impunidad en casos de corrupción.
Finalmente, Isela Uribe Alvarado, cuestionada respecto a cuántos expedientes se tiene abiertos, precisó que, derivados de procesos de Auditoría Superior de la Federación, 38; Secretaría de la Función Pública, 5; denuncia ciudadana, 17; denuncias de servidores públicos, 22; en temas de declaraciones se tienen 914, y con el Osafig, 17, lo que da un total de 1,021 en lo que va del año.
Yensuni López