El Observatorio Electoral hizo un llamado a los Poderes de la Unión y a las autoridades electorales para que mantengan un diálogo abierto y constante, ante el riesgo de privilegiar decisiones políticas sobre el Estado de derecho, con respecto a la elección del Poder Judicial.
Lo anterior, porque esta situación amenaza con debilitar los mecanismos de protección de derechos y la estabilidad democrática del país, lo que podría derivar en la nulidad de la elección, según las organizaciones integrantes del Observatorio Electoral.
Según publica Excélsior en su edición digital, el pasado 7 de enero, el Comité de Evaluación del Poder Judicial anunció la suspensión de sus actividades relacionadas con el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos judiciales.
Esta medida, tomada en acatamiento a una suspensión ordenada por un juez federal, generó un intenso debate entre los actores políticos.
Mientras algunos acusan que la suspensión tiene fines políticos, el Comité defendió que su actuación responde a razones jurídicas, argumentando que el juez detectó vulneraciones a derechos y ordenó garantizar condiciones idóneas antes de continuar con el proceso.
Este episodio refleja un problema mayor: el peligro de que las decisiones políticas prevalezcan sobre el Estado de derecho, consideró Observatorio Electoral en un comunicado.
Luego de que surgieron propuestas para que otros poderes asuman las funciones del Comité de Evaluación, Observatorio Electoral advierte que esto podría ser una medida que podría incrementar la incertidumbre electoral y deslegitimar el proceso judicial.
Además, precisó Excélsior, existe el riesgo de que esta situación desemboque en una nulidad electoral, debilitando aún más la confianza en las instituciones democráticas.
En un contexto en el que el desacato a las decisiones jurisdiccionales “se ha vuelto un patrón preocupante”, este caso subraya los riesgos de ignorar las normas legales y los mecanismos de protección de derechos.
El respeto al Estado de derecho debe prevalecer como principio rector en la solución de conflictos entre poderes, concluye el Observatorio Electoral.
Con información de Excélsior
