El Gobierno de Brasil anunció un impuesto del 15% al 20% para los fondos de los llamados “superricos” y un proyecto de ley para tributar el capital de los residentes brasileños en el exterior.
Ambas medidas fueron enviadas al Congreso para su evaluación, según informó la gestión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La primera establece el cobro, 2 veces al año, de un tributo sobre los rendimientos de los fondos exclusivos, que tienen un único titular y exigen una inversión mínima de 2 millones de dólares y tienen un costo anual de manutención de hasta 31 mil dólares.
Actualmente, la tributación de esos fondos cerrados ocurre apenas en el momento del rescate de los valores.
El Gobierno de Lula, en el poder desde el pasado 1 de enero, espera recaudar con este nuevo impuesto alrededor de 4,920 millones de dólares entre 2023 y 2026.
Por otro lado, la administración del líder progresista incluyó una rebaja, con una tributación del 10% frente al 15% mínimo previsto en la legislación propuesta, para aquellos que opten por empezar a pagar este año.
Según cálculos oficiales, hay 2,500 brasileños con recursos en este tipo de fondos, con un valor total de recursos estimado de 155,200 millones de dólares.
En segundo lugar, el Ejecutivo propuso al Congreso un proyecto de ley que prevé la tributación anual de los rendimientos de capital brasileño ubicados en el exterior, incluidos los paraísos fiscales.
El texto establece un impuesto anual progresivo de hasta el 22.5%, frente a la normativa actual, que solo tributa el capital en el extranjero cuando se rescata y vuelve a Brasil.
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, afirmó que la tributación de los fondos exclusivos de los “superricos” y del capital en el exterior no es “revanchismo”, sino acercarse a las prácticas ya adoptadas por algunos de los países más desarrollados.
“Aquí no hay un sentimiento que no sea el de la justicia social. Esa es la determinación del presidente y de todos los ministros: traer a Brasil las mejores prácticas internacionales” para tener un país que se desarrolle de forma sostenible, “desde el punto de vista fiscal, social y ambiental”, declaró.
Estas medidas que apuntan a las grandes fortunas se enmarcan dentro de la estrategia del Gobierno Federal por aumentar la recaudación y así poder equilibrar las cuentas públicas del país.
