El Infonavit acusó supuestas corruptelas de abogados por “juicios masivos” contra 302 mil derechohabientes que fueron demandados en un estado distinto al que residían, incluidas personas que no tenían problemas de pagos hipotecarios.
Octavio Romero, titular de la dependencia, explicó que la estrategia de los despachos comenzó en 2012, a raíz de créditos impagables que aumentaban año con año y por casas que estaban deshabitadas, abandonadas o vandalizadas.
De acuerdo con información del diario Reforma, el funcionario explicó que, en total, detectaron denuncias contra 373 mil derechohabientes en todo el país, de los cuales, 249 mil perdieron su vivienda. Pero a 302 mil de los afectados se les demandó fuera de la entidad en que tenían su domicilio.
Romero dijo que los beneficiados con los juicios masivos fueron despachos jurídicos a los que se les pagó 29 mil 263 millones de pesos, según estimaciones monetarias de 2025.
Esa cantidad supera el Presupuesto anual de Tlaxcala (28 mil 033 mdp) y Colima (23 mil 004), así como a un año del recurso destinado al Programa de Bienestar para Personas con Discapacidad Permanente (28 mil 035 mdp), además del gasto del Infonavit (17 mil 941 mdp).
“El hecho de que estos créditos que ya tienen muchos años que se empezaron a dar y que se suspendieron en la Administración del presidente López Obrador, con esta característica que los convertían en impagables trajo como consecuencia que muchos cayeran en cartera vencida.
“Y al caer en cartera vencida, dentro del Infonavit, quienes venían tomando las decisiones, la Asamblea General, el Consejo de Administración, la propia Administración del Infonavit, en lugar de buscar la solución a esa cartera vencida que, evidentemente, era derivada de un cobro excesivo, o más allá de lo racional y de lo legal, lo que se les ocurrió fue hacer demandas por el hecho de que no podían pagar estos derechohabientes”, explicó Romero.
“Eso lleva a que en el Infonavit se tome una decisión de judicializar, de demandar a quienes no podían pagar por este cobro excesivo que convertía los créditos en impagables, entonces, la estrategia fue hacer demandas, pero de una manera poco ética, yo diría que incluso ilegal porque estas denuncias se hicieron de forma masiva, lo que le llamamos juicios masivos, esto se empezó a combatir, inició, en la Administración del Presidente López Obrador”, dijo.
Durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, precisa Reforma, Octavio Romero señaló que los despachos no notificaban a los demandados, por lo que calificó las denuncias como “discrecionales”.
“En 2012 se implementó una estrategia de juicios masivos, a través de despachos, los cuales cometieron irregularidades porque no se notificaba a los acreditados, se incluyeron acreditados que no tenían problemas de pago, como se hizo masivo y casi fue discrecional lo que hicieron los despachos, incluyeron gente que no tenía problemas
“Y, por ejemplo, un derechohabiente que tenía una vivienda en el Estado de México, lo demandaban en Coahuila, vulnerando su derecho a defenderse, porque nunca recibía la notificación”, insistió.
El ex director de Pemex dijo que AMLO pidió al pidió al Consejo de Administración del Infonavit desistirse de los juicios masivos y detener el desalojo de familias.
Por ello se presentó una denuncia penal en 2020 en Nayarit contra despachos de abogados, funcionarios del Poder Judicial federal y local y contra notarios porque se afectaron 62 mil acreditados de todo el país.
Sin embargo, detalla Reforma, al realizar una revisión a nivel nacional por sospechar del caso Nayarit, detectaron que 373 mil derechohabientes habían sido afectados por juicios masivos similares y el 80%, es decir 302 mil acreditados fueron demandados en otros estados.
“El resto, esto es 71 mil, fueron demandados dentro de la misma entidad en la que se encontraba su vivienda”, se leyó en una presentación.
Como consecuencia de los “juicios masivos”, el tabasqueño reportó que actualmente hay 207 mil viviendas que debían pasar a propiedad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pero no se pueden escriturar y ahora no son de nadie, ni del propietario ni del Infonavit. Mientras que 42 mil casas fueron vendidas por el Instituto en subastas masivas.
Romero destacó que 22 mil 386 acreditados que fueron afectados por juicios masivos ya están al corriente en sus pagos.
Sheinbaum ordenó resarcir el daño a los derechohabientes y continuar con las denuncias penales a quienes resulten responsables de despachos, notarios y funcionarios de los Poderes Judiciales locales, indicó el director del Infonavit.
En todos los casos, detectaron las siguientes irregularidades:
-No fueron notificados personalmente en sus domicilios.
-Se vulneró el debido proceso ya que no tuvieron conocimiento de que estaban siendo enjuiciados.
-Al no tener conocimiento del juicio el acreditado, el proceso se aceleró al no haber defensa.
-Ni en el Comité de Auditoría, ni en la Comisión de Vigilancia, los Consejeros realizaron acción alguna.
Con información de Reforma
