La Contraloría General del Estado de Colima será la autoridad encargada de supervisar que los 10 ayuntamientos de la entidad cumplan con sus obligaciones de transparencia y garanticen el acceso a la información pública, ello conforme a la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 20 de marzo de 2025.
De acuerdo con el Artículo 3, fracción IV, la nueva ley establece que las autoridades garantes locales serán “los órganos encargados de la contraloría u homólogos en el poder ejecutivo de las entidades federativas, quienes conocerán también de los asuntos en materia de transparencia de sus municipios”.
Las contralorías estatales tendrán la facultad de resolver recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos, imponer medidas de apremio y sanciones por incumplimiento, así como supervisar la publicación de las 46 obligaciones de transparencia establecidas en el Artículo 65 de la legislación.
El Artículo 35 señala que las autoridades garantes tienen atribuciones para “interpretar, conocer, sancionar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la información”, mientras que el Artículo 34 les confiere la responsabilidad de garantizar dicho derecho en el ámbito de su competencia.
Asimismo, el Artículo 20 obliga a los sujetos obligados, entre ellos los ayuntamientos, a contar con Comités de Transparencia y Unidades de Transparencia, publicar información en la Plataforma Nacional de Transparencia y responder solicitudes ciudadanas en un plazo no mayor a 20 días hábiles.
Con la nueva legislación, los municipios de Colima deberán coordinarse institucionalmente con la Contraloría estatal, aunque esta pertenezca a un gobierno de distinto signo político, lo que ha generado inquietudes sobre la posible politización del acceso a la información pública.
Redacción