Tres trabajadores de la Aduana Marítima de Manzanillo denunciaron haber sido víctimas de hostigamiento y acoso laboral, exigiendo respeto a sus derechos y la suspensión de despidos injustificados.
Durante una rueda de prensa, Edgar Rodríguez Ávila, con 9 años de servicio; Omar Orlando Chávez Sánchez, con 22 años, y Vladimir Ferruzca, también con 22 años, relataron diversos episodios en los que aseguran haber sido víctimas de represalias y amenazas. Según ellos, fueron presionados para firmar renuncias y desalojarlos por la fuerza tras manifestar inconformidades sobre las condiciones laborales y operativas.
“Me amenazaron con sacarme como si fuera un criminal si no firmaba mi renuncia. Me dijeron que, si la firmaba, podría volver a ser contratado en esta u otra aduana, pero no me garantizaron nada”, denunció Omar Chávez. Relató que fue cesado tras reincorporarse con autorización previa, luego de ausentarse por un proceso judicial relacionado con la custodia de sus hijas.
Los trabajadores afirmaron que las condiciones laborales empeoraron a partir del 1 de abril, cuando asumió un nuevo mando militar la dirección de la aduana, quien, según ellos, “no permite el diálogo” y ejerce un control unilateral sobre las decisiones. También denunciaron que personal naval sin experiencia aduanera, ha sido asignado a funciones técnicas, lo que ha generado caos operativo.
“Antes la aduana era reconocida nacionalmente por su recaudación. Llegamos a ingresar más de 24 mil millones de pesos mensuales. Desde los cambios, hay retrasos en exportaciones e importaciones, largas filas y fallas logísticas”, afirmó Edgar Rodríguez.
Vladimir Ferruzca hizo un llamado a las autoridades federales para establecer una mesa de diálogo real, encabezada por funcionarios de alto nivel de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Aseguró que los trabajadores han buscado acercamientos, pero no han recibido una respuesta formal. La única reunión, explicó, fue gestionada por los propios empleados con la intervención de un almirante como mediador.
“Pedimos respeto a nuestros derechos laborales y a nuestra experiencia. No estamos pidiendo privilegios personales, sino condiciones dignas para seguir trabajando”, enfatizó Ferruzca.
Los denunciantes señalaron que esta situación no es exclusiva de Manzanillo, ya que se han registrado problemas similares en otras aduanas marítimas del país, como Altamira, Lázaro Cárdenas y Ensenada.
Además, reiteraron que su protesta es legítima y pacífica, y que están abiertos al diálogo. Exigen ser escuchados por la autoridad federal, particularmente por el titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo.
La protesta
Ante toda la anterior situación, el pasado 12 de mayo llevaron a cabo una manifestación pacífica frente a las instalaciones de la Aduana Marítima de Manzanillo. La protesta inició a las 6 de la mañana y se prolongó hasta alrededor de las 2 de la tarde, cuando los trabajadores lograron entablar diálogo con representantes de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo. En la reunión estuvieron presentes el almirante retirado Fernando Alfonso Angli Rodríguez, director general de Operación Aduanera, y Camilo Puga Mañi, director general de Recursos Humanos. Los trabajadores solicitaron que no se aplicaran faltas injustificadas contra quienes participaron en la manifestación, que no se despidiera a más empleados y que se reconsideraran los ceses ya efectuados.
Las autoridades se comprometieron a respetar las prestaciones laborales y pidieron a los trabajadores retomar sus funciones, lo cual permitió reactivar las operaciones del puerto a las 4 de la tarde.
El martes 13 de mayo, los trabajadores redactaron un informe detallando las arbitrariedades y abusos sufridos, mismo que enviaron a las autoridades en la Ciudad de México en busca de una solución favorable. Sin embargo, en lugar de recibir una respuesta positiva, algunos empleados reportaron haber recibido oficios de entrega de cargo, acompañados de mayor presión y acoso.
El miércoles 14 de mayo, 4 trabajadores fueron cesados de sus funciones, lo que motivó una nueva manifestación. El jueves por la noche, el representante de la Secretaría de Gobernación en Colima, Javier Pinto Torres, acudió al lugar para recibir el pliego petitorio de los empleados e instalar una mesa de diálogo. Aunque Pinto se comprometió a darles una respuesta, durante la madrugada del sábado se registró un operativo en el que participaron más de 150 elementos de la policía estatal, alrededor de 40 patrullas, efectivos de la Marina y otras fuerzas, lo que obligó a los manifestantes a dispersarse.
Algunos trabajadores denunciaron haber recibido oficios en los que se les atribuía su renuncia, aunque algunos se negaron a firmarlos, destacando que hay empleados con más de 22 años de servicio.
César Barrera