La Audiencia Nacional anunció que su Juzgado Central de Instrucción ha desestimado la disputa interpuesta el pasado agosto por el Real Madrid contra la LaLiga y su presidente, Javier Tebas, por delitos societarios, en relación con los criterios de reparto de los ingresos obtenidos por la comercialización y explotación de los derechos audiovisuales de los partidos.
La discusión se interpuso contra el acuerdo del órgano de Control de los Derechos Audiovisuales, ratificado el 4 de agosto por la Junta de Primera División de LaLiga, que introdujo cambios en los criterios de distribución de estos ingresos.
La Audiencia Nacional recordó que, según el Real Madrid, dichos acuerdos tenían una naturaleza defraudatoria por cuanto constituían una disposición arbitraria de los citados derechos, “específicamente orientada a perjudicar económicamente al Real Madrid”.
Según la disputa, ello estaría motivado por la enemistad que, desde mediados de 2021, “viene mostrando contra este club el presidente de la Liga, Javier Tebas” por su oposición al proyecto la Liga Impulso y la iniciativa de crear la Superliga.
El auto del juez José Luis Calama afirma que los hechos no tienen encaje en el Código Penal y descarta los delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción en los negocios y delito de imposición de acuerdos abusivos que indica el club madridista.
También señala que el acuerdo recurrido se adoptó por una mayoría significativa, con un solo voto en contra y que el hecho de que el reparto acordado no se ajuste a las legítimas expectativas de la parte demandante “no significa que sea abusivo en términos penales”.
Según confirmó la Audiencia Nacional, el juez inadmite la disputa, pero agrega que nuestro ordenamiento jurídico contiene un abundante cuerpo normativo extrapenal que regula la vida y funcionamiento de las sociedades mercantiles y que dentro de la vía civil y administrativa existen mecanismos de control y reparación de los posibles daños que pudieran derivarse de un incorrecto y abusivo comportamiento de los órganos de estas sociedades.
“Nos encontramos ante unas tensas relaciones entre los distintos titulares y beneficiarios de los millonarios derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competencias de futbol profesional, que en la última temporada ascendieron a mil 837 millones 445 mil euros, a resolver en el ámbito de la jurisdicción civil o contencioso-administrativo”, concluye el auto.
Frente al mismo cabe recurso de reforma ante el mismo juzgado en el plazo de 3 días y de apelación en el de 5.
La Junta de Primera División de LaLiga aprobó el pasado 4 de julio cambios en la distribución de una parte del 25% de los ingresos de las retransmisiones televisivas, según el cumplimiento de acciones voluntarias para mejorar el producto audiovisual y responder a las demandas de los operadores de derechos audiovisuales.
La medida se va a aplicar inicialmente solo a los clubes de LaLiga EA Sports y se aprobó con 18 votos a favor, 2 abstenciones y un voto en contra, con el objetivo de mejorar el producto, equipararlo al de otras competencias deportivas de primer nivel e incrementar en lo posible el valor de los derechos audiovisuales.
