Educar en la desigualdad
Por Juan Carlos Recinos
En México, educar en la desigualdad no es una contradicción semántica: es la forma precisa y sostenida en que el Estado ha traicionado, año tras año, su promesa de justicia. El sistema educativo mexicano es un edificio agrietado que se sostiene no por convicción ética, sino por inercia burocrática. Cada mañana, millones de niñas y niños cruzan los umbrales de escuelas que no fueron construidas para ellos, sino contra ellos. Escuelas sin agua, sin libros, sin maestros estables. Escuelas que no redimen: castigan.
La escuela mexicana, para millones, no es el espacio de emancipación que prometió la modernidad ilustrada, sino una sala de espera para la frustración. Un dispositivo de castellanización forzada, una maquinaria que administra la pobreza en nombre de la cobertura, y reproduce las jerarquías sociales bajo el disfraz de la universalidad. El Estado ha convertido la educación en una consigna de campaña, en una vitrina de cifras que ocultan la desigualdad estructural con estadísticas tramposas, informes estandarizados y simulacros de reforma.
Pablo Latapí Sarre lo dijo con claridad desde los años setenta: sin equidad, no hay derecho efectivo a la educación. Y, sin embargo, medio siglo después, el sistema sigue construyendo su legitimidad sobre la ficción de la igualdad. Se inscriben niños, pero no se pregunta si aprenden. Se reporta cobertura, pero se ignora el hambre, el idioma, el silencio. El acceso sin condiciones dignas es una forma sofisticada de exclusión; una violencia sin sangre, pero con cicatrices que atraviesan generaciones.
Educar a partir de la desigualdad ha sido, en realidad, el núcleo operativo del sistema. Como ha señalado Eduardo Andere, existen 2 sistemas educativos en un mismo país: uno para las élites, globalizado, tecnológicamente dotado, con pensamiento crítico; y otro, empobrecido, rural, marginal, diseñado para someter. No es un accidente: es una pedagogía del control. A unos se les educa para liderar; a otros, para obedecer. A unos se les prepara para escribir discursos; a otros, para llenar formatos.
En ese contexto, el currículo escolar, lejos de ser un puente de conocimiento, ha sido un instrumento de exclusión. Como ha argumentado Ángel Díaz Barriga, se ha impuesto una lógica tecnocrática que ignora los contextos reales de los estudiantes, sus lenguas, sus saberes, sus dolores. Se habla de ciudadanía global y competencias digitales, mientras niñas indígenas caminan horas para llegar a aulas sin luz eléctrica.
La desconexión entre el currículo y la vida es absoluta. La educación, así, se convierte en un acto de alienación cultural. Sylvia Schmelkes ha denunciado con lucidez el uso decorativo de la interculturalidad: se traduce un libro, se celebra una fecha, se incluye un tema en el currículo, pero no se transforma la estructura. No basta con traducir: hay que repensar desde abajo.
Educar no es colonizar. Educar es escuchar, construir comunidad, legitimar lo propio. En cambio, el Estado impone una lengua, una historia, un modelo, como si educar fuera borrar todo lo anterior. La violencia educativa en México tiene múltiples rostros: infraestructura precaria, docentes multigrado sin apoyo, abandono institucional, racismo lingüístico, violencia de género, hambre, trabajo infantil.
Según el Coneval, más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes están fuera del sistema educativo por razones estructurales. El INEE (hoy Mejoredu) documentó en 2018 que más del 50% de las escuelas rurales no tienen servicios básicos; el 60% carece de conectividad funcional. Y, sin embargo, se exige calidad, se aplican exámenes, se reparten culpas.
Manuel Gil Antón ha sido implacable al nombrar el problema: la política educativa mexicana vive del autoengaño. Se presume cobertura, pero se calla el hambre. Se celebran logros, pero se niega la humillación cotidiana de los docentes que enseñan sin herramientas, ni salario digno, ni formación contextualizada. Esos maestros, héroes solitarios en trincheras del abandono, no necesitan motivación: necesitan justicia.
La desigualdad educativa en México no es un efecto colateral. Es el corazón mismo del sistema. Es una decisión política sostenida por décadas de simulación. El Estado mexicano invierte más en sostener la burocracia educativa que en garantizar condiciones mínimas en las regiones más vulnerables. No se trata de falta de recursos, sino de una estructura deliberada de desprecio y de segregación institucional.
Lo más brutal del sistema educativo mexicano no es su precariedad, sino su capacidad para transformar la exclusión en normalidad. La niña que camina dos horas para llegar a una escuela sin baño. El joven que deja la secundaria para trabajar en la informalidad. La maestra que enseña en tres grados simultáneos con libros obsoletos. Cada historia individual es una acusación colectiva. Cada abandono escolar es una grieta que ahonda la problemática.
Y mientras tanto, los discursos oficiales insisten en “mejorar la calidad”, “fortalecer la evaluación”, “impulsar el pensamiento crítico”. Todo sin tocar el núcleo estructural del problema: la desigualdad. Como si se pudiera hablar de ciudadanía cuando la escuela es frontera. Como si fuera posible formar pensamiento crítico desde el hambre. Como si la democracia fuera compatible con aulas sin techo y sin idioma propio.
El sistema educativo mexicano no necesita una nueva reforma, ni un cambio de programa, ni una app ministerial. Necesita solucionar las rupturas profundas. Necesita decisiones radicales que partan del reconocimiento brutal de la injusticia. No se puede mejorar aquello que fue diseñado para fallar.
Educar en la desigualdad no es solo un fracaso técnico: es una traición ética. Una ruptura con el mandato constitucional. Un crimen silencioso que se repite cada día en las aulas más pobres del país. Mientras el Estado siga diseñando políticas desde el escritorio y no desde el territorio, la escuela seguirá siendo un instrumento de exclusión.
No se trata de maquillar el sistema, sino de desmontar la pedagogía de la desigualdad. De renunciar al autoengaño. De aceptar que cada niño que abandona la escuela por hambre, cada maestro que enseña en el abandono, cada comunidad que sigue sin libros y luz, es una acusación. Una herida política. Una prueba del fracaso del Estado como garante de derechos.
Como advertía Pablo Latapí: “Cuando la educación no sirve para construir justicia, se convierte en una forma más de violencia”. La escuela, en México, ya no puede seguir siendo una promesa rota. O cambia, o se hunde con nosotros. La Nueva Escuela Mexicana necesita dejar de fingir que educamos.
Bibliografía
Andere, E. (2014). La escuela ausente: una educación que no educa. Santillana.
Barriga, A. D. (2019). El currículo como campo de disputa. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 24(83), 9–30.
CONEVAL. (2023). Informe de evaluación de la política social. https://www.coneval.org.mx
De los Ríos, E. M. (2022). Formación docente y justicia social: hacia una educación crítica y contextual. Universidad Pedagógica Nacional.
Gil Antón, M. (2021). Contra la reforma educativa: razones para la resistencia. Nexos. https://www.nexos.com.mx
INEE. (2018). Panorama Educativo de México. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Latapí Sarre, P. (2003). La calidad de la educación básica en México: un estudio de política educativa. Fondo de Cultura Económica.
Schmelkes, S. (2006). La interculturalidad en la educación básica: una necesidad ignorada. Revista Iberoamericana de Educación, 41(3), 123–140.
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