Atrocidades, crímenes de guerra y contra la humanidad siguen cometiéndose en Etiopía 10 meses después del acuerdo de paz que puso teóricamente fin al conflicto entre el Gobierno y el Frente de Liberación Popular del Tigré, denuncia un informe hecho público hoy por expertos de Naciones Unidas.
El informe de la Comisión de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía, que se debatirá en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU esta semana, denuncia la persistencia de crímenes tales como ejecuciones masivas, violaciones de mujeres y niñas, hambrunas provocadas, desplazamientos forzados y detenciones arbitrarias.
Estas violaciones a los derechos humanos no sólo se circunscriben a la región septentrional de Tigré sino también a otras a las que se han extendido en los últimos meses las tensiones, como Amhara, Afar u Oromía, indica el informe.
El documento señala entre los principales perpetradores de los crímenes al Ejército eritreo (aliado del etíope en el conflicto del Tigré) y a las milicias amharas.
“Familias enteras han sido asesinadas, víctimas han sido forzadas a ver cómo horribles crímenes eran cometidos contra sus seres queridos, y comunidades enteras han sido expulsadas de sus hogares”, describió al presentar el informe en rueda de prensa uno de los miembros de la comisión, la srilanquesa Radhika Coomaraswamy.
El informe también denuncia la persistencia de detenciones y torturas de civiles por parte de fuerzas gubernamentales etíopes en Oromia (región que rodea la capital Adis Abeba) y crecientes abusos contra civiles amharas desde el establecimiento en agosto del estado de emergencia en esa región al sur del Tigré, por ejemplo mediante detenciones masivas y arbitrarias.
“La situación en Etiopía sigue siendo extremadamente grave”, valoró el presidente de la comisión, el tanzano Mohamed Chande Othman, quien aseguró que “los enfrentamientos violentos se mantienen casi a escala nacional, con alarmantes informes de violaciones contra civiles en Amhara y Tigré”.
En la última de esas regiones, el informe denuncia que al menos 1,400 personas han muerto entre abril y agosto debido a hambrunas provocadas por el desvío deliberado de asistencia humanitaria, que según la comisión se ha producido en todo el país y obligó a Estados Unidos y al Programa Mundial de Alimentos (PMA) a suspender su ayuda.
Aunque la guerra en Tigré concluyó formalmente a los 2 años de su inicio, con la firma del Acuerdo de Pretoria el 2 de noviembre de 2022, “el conflicto no se ha resuelto” ni tampoco las “graves y sistemáticas violaciones de la ley internacional”, concluye el informe.
“Muchos de los crímenes continúan, en particular la violencia contra mujeres y niñas por parte de las fuerzas eritreas en Tigré”, subrayó Coomaraswamy.
La presencia de esas fuerzas eritreas en la región, subraya la comisión, es una prueba de la impunidad y tolerancia que el Gobierno etíope mantiene hacia los abusos del ejército del país vecino en su territorio.
La atmósfera de impunidad se ve reforzada, según la comisión, por el hecho de que el Gobierno etíope “no está investigando con eficiencia las violaciones y ha iniciado un proceso de justicia transicional lleno de defectos”.
Ese proceso, por ejemplo, ha establecido plazos excesivamente cortos en los que no se ha reunido el suficiente número de víctimas, por ejemplo entre los refugiados que aún no han regresado a Etiopía, lamentó la comisión.
“Hablando con víctimas, sus familias y representantes, hemos notado que no confían en la voluntad del Estado etíope a la hora de iniciar un proceso creíble, porque muchos responsables estatales están polarizados y no son independientes”, indicó el estadounidense Steven Ratner, tercer miembro de la comisión.
Un ejemplo de la impunidad denunciado en el informe es que en la región de Tigré unas 10 mil mujeres y niñas fueron atendidas desde el inicio de la guerra por agresiones sexuales, mientras que sólo se han juzgado en tribunales militares 13 de estos crímenes y otros 16 se encuentran en proceso.
El informe también señala con inquietud el aumento de férreas medidas de seguridad en el país tales como la imposición de estados de emergencia o el establecimiento de mandos militares en zonas de conflicto sin supervisión civil.
El informe de la comisión, creada en diciembre de 2021 por resolución del Consejo de Derechos Humanos para investigar violaciones de derechos humanos en el conflicto que se había iniciado en noviembre de 2020, será debatido por ese órgano de Naciones Unidas el próximo 21 de septiembre.
También denuncia un aumento de los discursos de odio con intención de incitar al enfrentamiento étnico.
El informe se realizó con datos de 545 entrevistas en persona o por vía telemática a refugiados etíopes en países vecinos, pertenecientes a distintas etnias y credos religiosos.
