Jesús Dueñas, diputado local del partido Movimiento Ciudadano, comentó en una entrevista que las acusaciones en su contra por despido injustificado cuando fungió como director del Instituto Colimense para la Discapacidad (Incodis) son “una campaña orquestada desde el Gobierno del estado, ordenada por la gobernadora (Indira Vizcaíno), por los señalamientos que hemos hecho a su administración”.
Abundó que “están enojados por los señalamientos que le he venido haciendo de manera puntual a la maestra en derechos humanos, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, y por eso utilizan a personas con discapacidad”.
Lo preocupante, dijo, es que el actual director del Incodis, David Monroy, “se presta para este tipo de cosas; es la segunda ocasión que David es director del Incodis y perfectamente sabe lo que las personas con discapacidad tienen que enfrentar todos los días. Él es una persona con discapacidad”.
Dijo que lo que él le solicita al director de Incodis es que “realmente entienda y atienda a la población con discapacidad, que no se preste a este tipo de campañas donde no solo se está hostigando al personal del Instituto, hostigándolo en el sentido de que, si no cooperan en esa campaña difamatoria, le van a quitar su trabajo”.
Dueñas García afirmó que “de ninguna manera es verdad que yo corrí personas del Instituto para la Discapacidad, dizque para aumentarme el sueldo como director; eso ya lo aclaramos y lo demostramos con las nóminas, precisamente, que yo recibí”.
Explicó que él mostró las nóminas desde la primera hasta la última que recibió cuando estuvo al frente del Incodis, “ellos argumentan que yo ganaba al final de la administración, más de 19 mil pesos, y eso es una total mentira, las nóminas ahí están y nunca gané 19 mil pesos”.
Afirmó que la percepción que él tuvo durante todo el año, “fue poquito más de 9 mil pesos, como 9 mil 600 y tantos, ese sueldo yo lo tuve más de un año, con un nombramiento como director general”.
El diputado e MC recordó que en la administración estatal “los sueldos no los establezco yo, el tabulador de sueldos los establece la administración estatal a través de su Secretaría de Administración, entonces el tabulador marca que el sueldo de un director general, el sueldo mensual debe ser de poco más de 40 mil pesos, estamos hablando de 44 mil pesos”.
“A mí me entregaron el nombramiento como director general (del Incodis), entonces si yo hubiera recibido ese sueldo, yo no estaría incurriendo en ninguna falta, ni mucho menos algo ilegal y repito, el sueldo no lo pone el director, ni el secretario, ya están fijos; sin embargo, nunca los percibí”, dijo.
Resaltó que “lo curioso es que a casi 3 años que salí del Incodis, ahora resulta que fui un ogro, resulta que fui de lo peor y que hice y deshice en esa institución y que nunca hice lo correcto, cuando en la realidad y los hechos, es todo lo contrario”.
Reiteró que existe una estrategia de desprestigio hacia su trabajo utilizando a personas con discapacidad, “donde están un extrabajador y un trabajador, que argumentan que yo despedí trabajadores, cuando en realidad lo que pasó es que a la llegada del presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), las participaciones federales para el estado disminuyeron y lo que se hizo fue que se giró una instrucción a todos los que estábamos al frente de un Instituto o Secretaría, que iba a haber un recorte de personal, precisamente porque los ingresos del estado no eran los suficientes para seguir garantizándole el trabajo a una persona”.
Chuy Dueñas indicó que “se me dio la instrucción de platicar con 4 trabajadores y comunicarles que, por deficiencia presupuestaria, es el término correcto, no se podía renovar su contrato”.
Es decir, aclaró, “en ningún momento se despidió a nadie, simplemente no se les renovó el contrato porque no había presupuesto y bueno, hoy, a 3 años, sacan esta campaña donde dicen que yo los corrí, lo cual es totalmente falso”.
Finalmente, Chuy Dueñas hizo un llamado a la gobernadora para que deje de utilizar a personas con discapacidad para emprender una campaña de desprestigio en su contra; “en lugar de eso, que mejor los atienda en su derecho a la movilidad, dándoles un mejor servicio de transporte público, que les garanticen el derecho a la salud, dándoles los medicamentos que necesitan y la atención que realmente merecen”.
