El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien también preside la Comisión para la Verdad Ayotzinapa que presentó su segundo informe sobre el caso, aseguró que las resistencias por parte del Ejército para entregar información sobre la desaparición de los estudiantes fueron superadas.
“Las resistencias que se presentaron se superaron”, dijo Encinas durante la presentación del informe, un día después del noveno aniversario de los hechos y tras una tensa semana con los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos, quienes insisten en que falta información por entregar que podría ayudar a dar con el paradero de los jóvenes.
El subsecretario informó desde la sede de la Secretaría de Gobernación que, aunque “no fue miel sobre hojuelas (fácil)”, sí lograron abrir todos los archivos.
“Algunos archivos francamente en situaciones muy deplorables. Están mal organizados, mal elaborados, prácticamente ayudamos a reordenar archivos”, añadió.
Esto debido a la polémica suscitada en días recientes sobre la falta o no de archivos que el Ejército no entregó y que son imprescindibles para continuar con la investigación -según los padres, sus representantes y los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)-, a pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegura que sí.
Sobre el Ejército, Encinas dijo que durante la búsqueda de documentos en instalaciones militares encontraron documentos relevantes para la investigación, pero no ese al que el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, se refirió recientemente y que incluiría una conversación entre un miembro del cartel Guerreros Unidos y un policía en el que se refieren a 17 estudiantes el propio 26 de septiembre de 2014 en la noche.
El subsecretario presentó el informe, en el que se presenta el estado de las cosas con respecto a Ayotzinapa, incluyendo secciones como el contexto, la reconstrucción de los hechos, los causales de la desaparición de los 43 estudiantes o la judicialización, entre otras.
También se incluyó una sección sobre la “verdad histórica” que quiso imponer el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). En dicho apartado se compara la verdad histórica con la versión establecida por la Comisión para la Verdad Ayotzinapa.
Una de las diferencias entre ambas versiones es que en la primera se quería responsabilizar únicamente a autoridades locales, mientras que la segunda acepta que estuvieron involucrados con el grupo Guerreros Unidos autoridades locales, estatales y federales.
Asimismo, para defenderse de acusaciones de haber incluido pruebas que ya están valoradas como falsas por un perito externo, indicó que todo lo contenido en el informe es “judicializable”, no simples opiniones.
