Por Enrique Rodríguez de la Rubia
Desde la precipitada salida de España del Sáhara Occidental hace ahora medio siglo, la posición de los sucesivos gobiernos de Madrid se ha movido casi siempre en un delicado equilibrio entre Marruecos, Argelia y la ONU. Una equidistancia que para muchos se rompió en 2022 cuando el Gobierno de Pedro Sánchez aceptó la solución marroquí como la más realista.
Aquel 6 de noviembre de 1975, Franco agonizaba. En un momento de incertidumbre política, la marcha de cientos de miles de marroquíes desarmados en dirección a la que todavía era la provincia española número 53, llevó a la retirada de España del territorio.
El Sáhara Occidental se convirtió en una patata caliente para el gobierno de Arias Navarro, que había llegado a la conclusión de que tenía que abandonar la colonia.
El régimen quería mantener a toda costa la estabilidad interna, no generar conflictos entre los militares y no tensar aún más las relaciones con la ONU, que llevaba años exigiendo la descolonización y la autodeterminación del pueblo saharaui.
A ello se sumaba la presión de Estados Unidos, que apoyó de manera indirecta pero significativa a Marruecos. Un aliado anticomunista en un contexto de guerra fría frente a Argelia que apoyaba al Frente Polisario y mantenía estrechas relaciones con la Unión Soviética.
La alternativa era la guerra y era una guerra que no se podía ganar, remarca a EFE el investigador principal del Real Instituto Elcano, Ignacio Molina, que destaca el papel que jugó el entonces príncipe Juan Carlos, que había asumido interinamente la Jefatura del Estado por la enfermedad del dictador.
El papel del príncipe Juan Carlos y el ejemplo de Portugal
Juan Carlos visitó el Sáhara y apaciguó a los militares, a los que no gustaba una retirada sin honra pero tampoco un conflicto armado contra civiles desarmados.
Ignacio Molina recuerda que el régimen franquista tenía además el reciente ejemplo de Portugal con la Revolución de los Claveles, liderada por militares descontentos con la dictadura.
A ello se añade que Portugal había ido abandonando paulatinamente sus colonias africanas, en algunas ocasiones de forma caótica y violenta.
Con este escenario, el 14 de noviembre de 1975, menos de una semana antes de la muerte de Franco, España firmaba con Marruecos y Mauritania el llamado Acuerdo de Madrid, mediante el cual transfería la administración del Sáhara Occidental y se garantizaba en teoría cierta protección sobre sus intereses económicos, en particular las minas de fosfatos y la pesca.
En pocos meses, en la llamada operación Golondrina, se evacuaron más de 10 mil civiles y otros tantos militares españoles, además de ingentes toneladas de material.
España abandonó definitivamente el Sáhara el 26 de febrero de 1976, poniendo fin a la presencia civil y militar y a cualquier función administrativa sobre el territorio.
Neutralidad oficial en un tema tóxico para España
Durante toda la transición política española y hasta principios de los años 90, los sucesivos gobiernos, primero de la UCD y después del PSOE mantuvieron una posición oficialmente neutral y de apoyo a una solución pacífica del conflicto bajo el mandato de Naciones Unidas.
Como explica a EFE el investigador principal del Real Instituto Elcano, se impuso una solución eminentemente pragmática.
Sobre el papel, España apoyaba un referéndum de autodeterminación impulsado por la ONU, pero en la práctica, Marruecos ofrecía más garantías de estabilidad que el Frente Polisario sobre un territorio a solo 100 kilómetros de Canarias.
La joven democracia española buscaba reconocimiento internacional sin deteriorar las relaciones con el vecino del sur ni con Argelia, proveedor esencial de gas, pero en la órbita soviética.
La estrategia, añade Ignacio Molina, era no implicarse demasiado en la pugna entre marroquíes y argelinos porque era un tema tóxico para España.
Sin embargo, desde mediados de los 90, con los gobiernos de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, las posiciones del Frente Polisario fueron paulatinamente perdiendo peso mientras ganaban enteros las tesis marroquíes.
Pesaba, y mucho, según Ignacio Molina, la imprescindible colaboración con Marruecos en la lucha contra la inmigración irregular y el terrorismo, mientras que la relación con Argelia se limitaba casi en exclusiva al sector energético.
No había comparación , añade.
El punto de inflexión
Más de 40 años después, la situación de los campamentos de refugiados en Argelia era poco sostenible y en cierto modo se habían convertido en rehenes de la política argelina, reflexiona el investigador.
En 2020, la primera administración estadounidense de Donald Trump y la posterior de Biden se alinearon ya claramente con las tesis marroquíes, sumándose al apoyo que ya tenía de Francia.
España se dio cuenta de que no se podía quedar sola en este asunto , subraya.
En este punto, el Frente Polisario decidió romper el alto el fuego con Marruecos, lo que elevó la tensión en la región.
Un año después, España acogió al líder del Polisario, Brahim Ghali, gravemente enfermo, para que fuera atendido en un centro sanitario, lo que provocó un fuerte malestar en las autoridades marroquíes.
En mayo de 2021, un asalto masivo a la valla de Ceuta evidenció que la colaboración de las autoridades marroquíes era clave para el control de la migración. Una escalada con el país vecino que marcó un punto de inflexión en la diplomacia española.
No obstante, el giro formal no se sustanció hasta casi un año después, cuando en marzo de 2022 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió una carta al rey Mohamed VI, en la que consideraba que la propuesta marroquí de autonomía, presentada en 2007, era la base más seria, creíble y realista para la resolución del conflicto.
Un viraje de Sánchez que le granjeó no pocos problemas con Argelia pero también discrepancias en el seno del Gobierno y con los socios parlamentarios.
Con dureza, sus aliados le reprocharon que no contara con ellos para tomar esta decisión, que lo hiciera a través de una carta vergonzante y poco digna y que traicionara con ello décadas de solidaridad y apoyo hacia el pueblo saharaui.
Para el investigador del Instituto Elcano, el Gobierno aplicó una vez más la estrategia del mal menor , que ya inspiró la posición española en 1975.
Sin posibilidad de marcha atrás
Con este giro pragmático, España recuperó la cooperación migratoria y de seguridad con Marruecos y al mismo tiempo ajustó su posición a la de Francia y Estados Unidos.
No en vano, el plan marroquí recibía también hace pocos días el reconocimiento de la ONU. La resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobada el pasado 31 de octubre destaca que una autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible para el conflicto.
El investigador del Real Instituto Elcano está convencido de que ya no habrá marcha atrás en este plan, sobre todo cuando ni China ni tampoco Rusia, tradicional aliado de la causa saharaui, votaron en contra.
A su juicio, solo una aplicación poco inteligente o excesivamente restrictiva del plan de autonomía podría dar al traste con una solución a una controversia que dura ya 50 años.
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