Diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar el Código Penal de Colima y tipificar como delito la cohabitación forzada, con el objetivo de prevenir uniones tempranas de niñas, niños y adolescentes y sancionar a quienes las promuevan o permitan.
La propuesta, firmada por las diputadas Betzaida Luz Alondra Pinzón Carreto y Hilda Lizette Moreno Ceballos, así como por el diputado Arnoldo Ochoa González, plantea modificar el Capítulo III del Título Cuarto y el Artículo 162 del Código Penal estatal, a fin de definir y castigar la práctica de forzar a una persona menor de edad o sin capacidad de comprender el significado del acto a convivir como si fuera un matrimonio.
En la exposición de motivos, las y los promoventes destacaron que las uniones infantiles siguen siendo una realidad en el país, pues casi 1 de cada 5 mujeres mexicanas contrae una unión antes de los 18 años.
De igual manera, hay que tener en cuenta que en México nacen cada año alrededor de mil bebés de madres menores de 15 años, y solo en 2022 se registraron 9,185 nacimientos de madres menores de 18 años, principalmente de 13 y 14.
Cabe destacar que lo anterior, en las zonas rurales e indígenas la incidencia es aún mayor. Así, en Colima, de acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Gilberto Bosques del Senado, se han registrado 1,562 matrimonios infantiles, principalmente en contextos de pobreza y marginación.
La iniciativa establece que esas uniones, aun cuando no estén formalizadas legalmente, constituyen formas de violencia estructural que afectan la salud, la educación, el bienestar y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta también busca homologar la legislación estatal con el decreto federal publicado el 25 de abril de 2023, que adicionó al Código Penal Federal el delito de Cohabitación Forzada.
Ese marco legal sanciona a quien obligue, induzca, solicite, gestione u ofrezca a una persona menor de 18 años -o sin capacidad plena para comprender el acto- a cohabitar como si se tratara de un matrimonio.
“El Estado de Colima debe cerrar brechas jurídicas y avanzar hacia un marco más justo para la infancia y la adolescencia”, señala la iniciativa.
El nuevo Artículo 162 plantea que comete este delito quien obligue o induzca a una persona menor de edad o incapaz a convivir como matrimonio; quien promueva, facilite o permita que un tercero la entregue para esa cohabitación, y quien consienta o acuerde la unión.
La sanción propuesta es de 8 a 15 años de prisión y una multa de mil a 2,500 veces la UMA.
Cuando la víctima pertenezca a una comunidad indígena o afromexicana, la pena aumentará hasta en una mitad. El delito será perseguido de oficio.
