El regidor en el Cabildo del Ayuntamiento de Colima, Emilio Aldorica, advirtió que la Ley General y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales impulsadas por Morena “criminalizan el uso del vital líquido” por parte de quienes trabajan diariamente en el campo y en la producción agrícola.
Señaló que esa iniciativa afecta aún más la complicada situación del sector agrícola, pues -aseguró- fue planteada sin escuchar a campesinos, agricultores, ganaderos, silvicultores ni a las mujeres y hombres del campo mexicano. “Se criminaliza el uso del agua para el trabajo, sin diálogo ni acuerdos, como ya es costumbre del Gobierno federal”, expresó.
Aldorica señaló que la propuesta presidencial centraliza el control del agua, establece multas de hasta 7 millones de pesos y penas de hasta 12 años de prisión, lo que pondría en riesgo a los productores y, particularmente, a la población más vulnerable del país.
Indicó que, con esa reforma, los actuales títulos de concesión para la explotación de agua serían sustituidos por permisos anuales “a manera de control político”.
Agregó que la certeza jurídica y patrimonial construida por generaciones se perdería, ya que los módulos de riego desaparecerían para ser reemplazados por consejos y comités designados desde la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Agricultura.
Finalmente, advirtió que una de las principales afectaciones sería el impacto patrimonial para las y los campesinos, pues el valor de las tierras depende del acceso al agua. “Al quitarles el vital líquido a las parcelas, el patrimonio se reduciría de manera considerable. Por eso el PRI se opone a esta propuesta, porque no ayuda a las y los productores”, concluyó.
