Entre el rencor y la custodia: la alienación parental como una forma de violencia silenciosa
Por Ana Fernanda Aguayo Castillo*
En los conflictos familiares que llegan a los Juzgados, pocas veces lo que se disputa es únicamente la custodia o el régimen de convivencia. Con frecuencia, detrás de cada expediente se esconden luchas emocionales no resueltas entre adultos, marcadas por el resentimiento, el deseo de control y la incapacidad de separar el conflicto conyugal de la responsabilidad parental. En este escenario, las principales consecuencias recaen en quienes menos voz tienen dentro de los procesos judiciales: niñas, niños y adolescentes. Es aquí donde la alienación parental emerge como una forma de violencia silenciosa, persistente y profundamente lesiva, que interpela tanto al derecho de familia como a los principios rectores de la protección integral de la infancia.
La alienación parental puede concebirse como un conjunto de conductas orientadas a desacreditar, obstaculizar o inclusive a destruir el vínculo del menor con uno de sus progenitores, sin que exista una causa objetiva que lo justifique. Dichas conductas suelen ser ejercidas por uno de los progenitores o en su caso por quien tiene la guarda y custodia del infante o los infantes. Desde esta perspectiva, el fenómeno se configura cuando se influye de manera constante y negativa en la percepción del menor respecto del otro progenitor, generando así sentimientos de rechazo, miedo o desprecio injustificado.
A diferencia de otras formas de violencia familiar, la alienación parental no suele manifestarse mediante prohibiciones explícitas o actos evidentes. Su operación es, en muchos casos, sutil y progresiva: mensajes indirectos, silencios cargados de significado, relatos distorsionados o la construcción deliberada de una narrativa en la que el infante es inducido a asumir una postura de lealtad exclusiva. Bajo la apariencia de cuidado o protección, se produce una alteración paulatina del vínculo afectivo, que termina por limitar la libertad emocional del menor.
Como consecuencia de este proceso, la infancia deja de ser sujeta de especial protección para convertirse en un instrumento del conflicto entre adultos. El menor es colocado en una posición de conflicto interno, obligado a tomar partido en una disputa que no le corresponde. El impacto de la alienación parental no siempre es inmediato ni visible; sin embargo, su carácter progresivo deteriora la identidad del menor y afecta de manera profunda su desarrollo emocional, con repercusiones que pueden extenderse a la adolescencia y a la vida adulta.
Desde una perspectiva jurídica, la alienación parental debe analizarse a la luz del principio del interés superior de la niñez, eje rector del derecho de familia. Este principio, reconocido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone la obligación de que toda decisión, medida o actuación del Estado priorice el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes por encima de los intereses o conflictos de los adultos involucrados. Cuando la custodia se transforma en un instrumento de venganza o control, dicho principio se vacía de contenido y pierde su función protectora.
En la misma línea, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se reconocen, desde el derecho de la infancia a vivir en familia, así como a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores para su pleno desarrollo integral. Esta disposición impone a las autoridades el deber de prevenir prácticas que obstaculicen de manera injustificada dichos vínculos y de intervenir oportunamente cuando se adviertan afectaciones emocionales derivadas de conflictos parentales prolongados, especialmente cuando estos se ven agravados por conductas de interferencia o manipulación.
La alienación parental no es una disputa privada ni un daño colateral inevitable de los conflictos familiares; es una forma de violencia que vulnera derechos fundamentales de la infancia y compromete la responsabilidad del Estado cuando se permite su normalización. Mientras el rencor adulto continúe guiando las decisiones sobre custodia y convivencia, las niñas y los niños seguirán siendo utilizados como instrumentos de poder y no como sujetos de especial protección. Nombrar esta violencia, identificarla oportunamente y enfrentarla desde el marco jurídico existente no es una concesión teórica, sino una exigencia ética y jurídica impostergable. El verdadero desafío del derecho de familia no radica en decidir quién “gana” la custodia, sino en garantizar que ninguna infancia vuelva a perder su derecho a crecer libre de manipulación y conflicto.
“Estudiante del octavo semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima”.
Esta columna forma parte del “Semillero de Formación de Jóvenes en Investigación Jurídica”, coordinado por el Doctor Amado Ceballos Valdovinos, Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Facultad de Derecho en la Universidad de Colima.
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