Legisladores demócratas y republicanos fallaron en alcanzar un acuerdo para financiar las políticas migratorias de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que entró este sábado (14) en un cierre administrativo parcial.
Esta paralización gubernamental es la tercera desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, aunque al contrario de las anteriores – la primera con un récord de 43 días entre octubre y noviembre, y la segunda de casi 4 días a inicios de este mes-, solo afecta al DHS, del que dependen a su vez varias de las agencias clave del país.
El Senado estadounidense fracasó este jueves en su intento de aprobar un proyecto de ley republicano para financiar a la entidad hasta septiembre, después de que casi todos los demócratas bloquearan la medida al considerar que no incluía límites suficientes a las operaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han provocado protestas y se han saldado de momento con la muerte de 2 estadounidenses en Minéapolis (Minnesota).
El receso programado en las 2 cámaras del Congreso, controladas por republicanos, donde también existen diferencias sobre si impulsar una propuesta de financiamiento anual o una provisional, podría extender el cierre del DHS, que emplea a más de 270 mil personas, de las que más del 90% seguirá activa durante este lapso.
¿Qué agencias se ven afectadas?
Este cierre por falta de fondos no afectará al resto del Gobierno federal, cuyo presupuesto ya fue aprobado hasta el próximo septiembre.
Solo incluirá a las agencias bajo la sombrilla del DHS: el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera, el Servicio Secreto y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), entre otras.
La gran mayoría de estos empleados son considerados esenciales, por lo que deberán permanecer en sus puestos sin percibir salarios hasta que se resuelva el impasse.
Los controladores aéreos, cuyas ausencias en la prolongada paralización del fines del año pasado provocaron miles de cancelaciones de vuelos y abocaron una solución mediada al cierre, no se verán afectados en esta ocasión puesto que caen bajo la influencia del Departamento de Transporte.
