Unas 300 familias indígenas tzotziles, víctimas de desplazamiento forzado en 2017, se manifestaron en la comunidad Tulantic, municipio de Chalchihuitán, estado de Chiapas, para exigir que el Gobierno cumpla una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y se apliquen las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tras 6 años del desplazamiento forzado interno de Chalchihuitán, las víctimas denunciaron que las más de 5 mil personas que huyeron del ataque de un grupo civil paramilitar aún no tienen justicia y son ignoradas por los gobiernos municipal, estatal y federal.
El defensor de derechos humanos y víctima de desplazamiento forzado, Roberto Guirón Pérez, señaló a EFE que “ante esas recomendaciones el Gobierno mexicano se ha negado a todo lo que tenemos demandado, no ha dado nada, no nos ha dado la atención humanitaria, tenemos varias demandas en esa recomendación, por eso a 6 años de los hechos le exigimos al Gobierno que cumpla”.
Recordó que el 18 de octubre de 2017, eran 5,023 personas las desplazadas, proveniente de 9 comunidades, pero el 2 de enero 2018 unas 4 mil personas fueron obligadas a retornar sin condiciones de seguridad y garantía alguna por parte del expresidente municipal y exgobernador Manuel Velasco, expresó el vocero de los desplazados, que prefirió omitir su nombre por seguridad.
El vocero explicó que por lo menos 1,054 personas se resistieron a ese retorno ya que ni la autoridad municipal, ni la estatal tomaron sus datos para establecer un censo, como corresponde “y tampoco nos proporcionó las gargantas de seguridad”.
Ante este escenario, los desplazados exigieron al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fecha 28 de diciembre 2018.
Así como la que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su resolución de reparación integral del daño a quienes perdieron la vida, sufrieron daños a sus cosechas y animales de granja, perdieron sus casas o parcelas.
Los manifestantes se acompañaron de organizaciones civiles y de Derechos Humanos, quienes en su momento aportaron ayuda humanitaria y jurídica.
En su protesta, los manifestantes recordaron que entre las personas que se resistieron al regreso fueron 255 mujeres, 550 niñas, niños y adolescentes y 206 hombres, “ya que no existen las condiciones, hemos perdido todo derecho y hasta nuestras tierras”, dijo Elidia Gómez García, una de las desplazadas.
“Ya no hay dónde sembrar nuestros alimentos, nuestras cosechas, como café, maíz, cacahuate y estamos sufriendo con nuestros hijos, nuestros familiares ancianos, estamos sufriendo porque no tenemos nuestras casas dignas”, añadió la mujer.
Recordaron que el 18 octubre de 2017, las mujeres y sus hijos salieron de madrugada de manera imprevista de las comunidades de Canaluntik, Pom, Shishimtontic, Jolcantic, Bejelton, Tulantic, Chenmut, Bololchojon, y Cruzthon, municipio de Chalchihuitán, para refugiarse en las montañas.
Las víctimas de desplazamiento forzado realizaron un ritual maya en el que dieron gracias por la vida, pidieron por la paz y amor para la humanidad, que las guerras no se extiendan y que el Gobierno cumpla con su parte.
