Pobladores del municipio de Tila, ubicado en el estado de Chiapas, denunciaron que desde el pasado viernes la zona está sitiada por un grupo criminal que tomó el control de las salidas y entradas.
“La sociedad civil, jóvenes en conjunto con el Ejido de Tila, Chiapas, a través de este comunicado hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional para denunciar, evidenciar e informar al pueblo de México sobre toda la situación de violencia que vive la comunidad del estado de Chiapas y que las autoridades correspondientes brinden seguridad al pueblo de Tila”, expresaron los ejidatarios.
En el documento incluyeron varias peticiones, como la intervención del Gobierno de México y la presencia permanente del Ejército y la Guardia Nacional.
También exigieron atención urgente a la situación “que ya destruyó la vida del pueblo”, así como emitir órdenes de detención para los líderes de los grupos del crimen organizado implicados.
Por último, pidieron restablecer los accesos al municipio y la electricidad y señal de teléfono.
Medios locales aseguraron que, sin luz, sin señal y con escasez de alimentos, la disputa se ha salido de control y por el momento contabilizan 8 personas fallecidas.
Los pobladores también enviaron una misiva al presidente Andrés Manuel López Obrador solicitando apoyo para que “cese la violencia y el municipio pueda recuperar la normalidad”, además de indicar que “están sitiados por personas que portan armas de alto calibre y que ya ha habido ejecuciones”.
Asimismo, acusaron al ayuntamiento de Tila y a la delegación de la Secretaría General de Gobierno del estado de Chiapas de brindar protección y financiamiento a estos grupos criminales.
“Si hay un derramamiento de sangre será su responsabilidad como Gobierno federal y estatal” debido a haber omitido las solicitudes de asistencia de los ejidatarios, indicaron.
Los hechos ocurren después de que los pueblos originarios han advertido este año un clima de “guerra civil” en Chiapas por los conflictos armados, que han desencadenado homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, en particular en comunidades indígenas y afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
La violencia se ha agudizado después de que, en septiembre, habitantes de Frontera Comalapa, en el límite de México con Guatemala, denunciaron el abandono del Estado tras la irrupción de un grupo vinculado al Cartel de Sinaloa.
