La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclaró que los fideicomisos que legisladores del grupo en el poder pretenden extinguir no han tenido manejos irregulares, no han sido objeto de observaciones de auditoría y no benefician a ministros en funciones ni en retiro.
Según publica Reforma en su edición digital, en un posicionamiento difundido en sus redes sociales, la Corte refirió que si bien, ayer en la Cámara de Diputados se aprobó por mayoría extinguir 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), el proceso legislativo continúa en el Senado, por lo que no está concluido.
“Te invitamos a conocer lo que no hay que olvidar sobre estos instrumentos. Sobre todo, a no confundir con la futura discusión del presupuesto”, posteó con respecto a los beneficios destinados a trabajadores tanto de La Corte, como del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“Por lo pronto y respecto a la discusión vigente sobre los fideicomisos del PJF, es importante reiterar la información real sobre estos instrumentos: los fideicomisos no están destinados para beneficio de 11 ministros en funciones y 22 en retiro”, remarcó.
De manera contraria, se informó, el personal operativo que representa más del 60% de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos.
Asimismo, aseguró que ni uno solo de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación (PJF) está relacionado con gastos de ministras y ministros, y negó que se destinen para aspectos que tengan que ver con cuestiones personales, sino que cada uno tiene objetivos específicos que no permiten su uso para fines distintos a los establecidos para su creación.
“Los fideicomisos se utilizan de manera complementaria para el pago de derechos laborales y sociales adquiridos por las y los trabajadores del Poder Judicial. Al menos 6 fideicomisos tienen por objeto cumplir de manera complementaria obligaciones patronales que constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro”, aclaró.
La SCJN sostuvo que estos beneficios para los empleados no son ilegales, pues están fundamentados en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, así como en otros instrumentos legales como son las Condiciones Generales de Trabajo.
Además de que, al contar con reglas de operación, es necesario que los asalariados cumplan ciertos requisitos para acceder a los recursos para el pago de los derechos laborales tutelados, como, por ejemplo, la antigüedad.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), prosiguió, no ha hecho observaciones sobre la legalidad de los fideicomisos, ya que en 2019 realizó 2 auditorías específicas a los fideicomisos del PJF, pero en ninguna de ellas observó irregularidades en la constitución o administración de los fondos.
Por último, subrayó que el ejercicio de estos recursos se da bajo reglas de operación previamente emitidas y con plena transparencia, sobre lo que se rinde cuentas de manera trimestral, información que se actualiza y publica, no solo en los portales de transparencia, sino también en el Diario Oficial de la Federación.
Para el Proyecto de Presupuesto para 2024, precisó Reforma, se solicitan 84 mil 792.4 millones de pesos, lo que es 4% superior a lo solicitado en 2023 de acuerdo a la inflación.
“Está pendiente de discusión en el Poder Legislativo junto con todo el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y, de acuerdo con las expresiones de diversas personas legisladoras, podría tener reducciones que afectarían también a las finanzas del PJF”, refirió la SCJN.
Con información de Reforma
