La canadiense First Quantum Minerals (FQM) tildó de “falsas” las acusaciones de que pagó sobornos en la República Democrática del Congo (RDC) difundidas en redes sociales en Panamá, donde este martes cumplen 2 semanas las protestas callejeras contra la renovación de una concesión que posee para la explotación de cobre, que han generado una crisis en el país centroamericano.
“La Empresa tiene conocimiento de los comentarios realizados por ciertas personas en redes sociales que contienen acusaciones relacionadas con el tiempo que FQM pasó en la República Democrática del Congo (RDC). Estas acusaciones son demostrablemente ficticias y totalmente contrarias al período de la historia de FQM que está ampliamente documentado”, indicó a última hora del lunes la empresa en un comunicado.
Los registros públicos, indicó FQM, “muestran de manera irrefutable que la empresa ha estado (y sigue estando) en contra de cualquier forma de corrupción. Como represalia, el gobierno de la RDC intentó renegociar el contrato de la Empresa y cerró sus operaciones antes de incautarlas. FQM fue vindicada y posteriormente recibió un acuerdo legal de arbitraje de 1.25 mil millones de dólares en relación con este caso”.
“Además, otras partes no relacionadas con la empresa y acusadas de corrupción en relación con el caso, admitieron su culpabilidad en investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de Estados Unidos y Reino Unido, con la Empresa colaborando en esas investigaciones como parte perjudicada”, añadió.
La renovación por 20 años prorrogables de la concesión a Minera Panamá, la subsidiaria de FQM que opera la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, han generado las mayores protestas en décadas en Panamá, donde grupos ambientalistas y sindicatos denuncian que el nuevo contrato ley es lesivo para el país desde el punto de vista ecológico y también económico.
Acusaciones de corrupción
Muchos manifestantes e incluso diputados han hablado del presunto pago de sobornos para la aprobación del contrato ley sin que se haya presentado una sola prueba de ello. En el país son célebres casos de corrupción como el de la constructora Odebrecht, por mencionar el más actual.
El contrato ley entre el Estado y Minera Panamá establece en la cláusula anticorrupción que la minera “no recibirá ningún tipo de pago por concepto de indemnización por daños y perjuicios” si se demuestran actos de corrupción tales como sobornos o comisiones ilegales.
Las protestas comenzaron de forma ininterrumpida el pasado 23 de octubre, 3 días después de aprobado el contrato ley en un cuestionado proceso exprés en el Ejecutivo y el Parlamento, entes que han dejado en manos de la Corte Suprema el destino de la concesión ante la presentación de varios recursos de inconstitucionalidad.
Ya en 2017 fue declarado inconstitucional el anterior contrato ley para la explotación de la mina Cobre Panamá, que exporta cobre desde 2019, representa una inversión de 10 mil millones de dólares, emplea a más de 40 mil personas de forma directa e indirecta y aporta el 5% del producto interno bruto (PIB) panameño, según datos del Gobierno y la empresa.
Esta mina supone alrededor del 60% del valor neto de los activos de FQM, cuyas acciones cayeron con fuerza tras el inicio de la crisis.
El Ejecutivo de Laurentino Cortizo defiende que el nuevo contrato multiplica por 10 el aporte económico al fisco, que recibirá 375 millones de dólares anuales, y que se garantiza la vigilancia ambiental.
Pero los sindicatos civiles exigen la derogatoria inmediata de contrato ley so pena de mantener hasta entonces un paro de docentes que afecta a más de 800 mil estudiantes del sector público y los bloqueos de vías que han propiciado escasez de alimentos en los centros urbanos y el desabastecimiento de combustible e insumos básicos especialmente en el occidente del país.
