Miles de personas se unieron este martes a una marcha en la ciudad de Juliaca, en el sur de Perú, para exigir justicia por los fallecidos en las protestas antigubernamentales de hace un año, en tanto que otras ciudades, como Lima, se manifestaron con otras acciones en solidaridad con las víctimas.
Los familiares de los 18 manifestantes muertos en Juliaca hace exactamente un año, de un total de 49 fallecidos por las protestas a nivel nacional en los enfrentamientos con las fuerzas del orden, acudieron vestidos de luto a la misa celebrada al aire libre cerca de un paso elevado en el que se colocaron las fotografías de los fallecidos.
Junto a ellos, miles de pobladores de Juliaca acudieron a la misa, portando banderas, pancartas e imágenes para exigir justicia por las muertes provocadas en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, e incluso por los seis reclutas del Ejército que fallecieron ahogados en un río cuando pretendían escapar de los manifestantes.
Tras la ceremonia religiosa, los pobladores de Juliaca iniciaron una movilización por las calles de esta ciudad, declarada en duelo regional por sus autoridades locales.
Los fallecidos en esta ciudad de la región Puno cayeron en los enfrentamientos que hubo con la Policía Nacional en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, que las fuerzas del orden resguardaban para evitar su toma, como ocurrió con otros terminales en el país en esos días de protesta contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República.
Por otro lado, en la ciudad de Lima, la Red Nacional de Trabajadores del Arte y las Culturas conmemoró la fecha con un acto simbólico frente al palacio del Poder Judicial portando los retratos de los fallecidos.
“Hasta la fecha no ha habido detención alguna y las investigaciones han sido llevadas en condiciones adversas para los familiares, favoreciendo la impunidad del personal de ambas instituciones que participó en los hechos”, indicó esta agrupación en una nota de prensa.
Recordó que organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos han calificado como “masacre” a los hechos ocurridos en Juliaca “en base a los registros visuales, pericias forenses y testimonios de los actores de ambos bandos”.
En ese sentido, remarcó que “la impunidad no puede prevalecer. El Estado debe asumir su rol como protector de los derechos humanos de todos sus ciudadanos. Es ineludible”.
