Por: Irene Escudero
Para Maigualida Matos cuidar significa mantenerse con fuerzas para dedicarse a sus 2 hijas con discapacidad, pero paradójicamente apenas tiene tiempo para sí misma. Esta colombiana vive dedicada a Keisy y Kelly y sacando adelante un hogar que su esposo abandonó hace 4 años, algo que se repite en innumerables casos en los que la mujer carga con el peso de una asistencia no remunerada.
En María La Baja, como en todos los pueblos de Colombia, las mujeres pasan un tercio del día en tareas no remuneradas. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las mujeres dedican 7 horas y 44 minutos a esta actividad, mientras que los hombres apenas 3 horas y 6 minutos.
Sin embargo, en las zonas rurales, las mujeres llegan a dedicar más de 8 horas y media a un trabajo invisibilizado y no reconocido ni remunerado.
En este territorio afro y cimarrón, en la región caribeña de los Montes de María, se ha cruzado la desigualdad racial con el desplazamiento y violencia del conflicto armado: “El hecho de cuidar en ese territorio por parte de las mujeres empobrecidas tiene que ver con la necesidad de resistir a la vida”, resume María Nohemí González, profesora de la Universidad Simón Bolívar.
Brecha rural
La silla de ruedas de Keisy, su hija menor, de 12 años, parece una extensión de su cuerpo. Maigualida no se separa de ella y constantemente endereza a la niña, cuyo cuerpo paralizado del pecho para abajo no para de resbalarse.
“Yo siempre le decía al papá: tú te fuiste y me dejaste a mí lo más difícil”, dice entre frustración y desolación. Cuando él se fue, no dormía pensando cómo hacer, pues durante años le había prohibido trabajar y le había relegado a las tareas domésticas sin tregua.
La violencia económica como en este caso, se mezcla con la sexual y la de género que provocan las desigualdades en los cuidados, el aislar a una mujer en el hogar y transformar una casa en una cárcel.
Además, Maigualida tiene que viajar más de 2 horas para llevar a su hija al médico en Cartagena de Indias, adonde también tiene que ir por pañales o medicamentos para la niña. Son horas que van sumándose en los trabajos sin remunerar, en un país donde si esas tareas se pagasen, supondrían casi el 20 % del PIB.
Cuidar es de corazón
En algún momento, sobre todo cuando se quedó sola, se dijo: “¿será que la solución sea envenenarlos y que me envenene yo?”, pero la fortaleza triunfó.
“Una es capaz de hacer todo menos nada malo por sus hijos”, dice esta mujer, de 41 años. Ese es su mantra; el de otras vecinas de este pueblo son parecidos: “Esto de cuidar es de corazón” o “no es obligación, es por corazón o por respeto”.
Así lo resume Denis Castro, que lleva 10 años ocupándose de su madre, paralizada de la cadera para abajo: “automáticamente fue un pare en las cosas que estaba haciendo”.
También Rafael Pérez dejó su trabajo para atender a su madre, a la que diagnosticaron alzheimer. Él, y no sus hermanas, decidió encargarse de ella, algo inusual en unas tareas muy feminizadas.
Ambos estaban preparados para animar a sus personas queridas. Denis atiende a su madre con una sonrisa permanente, pero “por dentro quiero llorar, tengo un mar de sentimientos y culpabilidad por no poder ayudar más”, dice.
El desahogo en un bus
Ambos acaban de salir de unas clases atípicas. Están en un autobús rosa aparcado en la plaza principal de María La Baja, en un programa piloto del Ministerio de Igualdad sobre cuidados.
Denis tiene en sus apuntes una frase subrayada: “la discapacidad no significa incapacidad”. Durante varias semanas se han reunido para aprender todo tipo de contenidos: desde cómo bañar a una persona con movilidad reducida a cuáles son sus derechos.
El autobús tiene una cabina de atención psicosocial y ya sea de forma individual como colectiva en las clases, se ha convertido en un “desahogo” para las cuidadoras, como lo resume la profesora universitaria, que es también líder de sistematización de la Ruta Nacional del Cuidado.
“La ruta ha sido como el espacio donde han podido verter también experiencias cotidianas y darse cuenta que no era un proceso solitario, sino que le pasaba a muchas”, cuenta González.
La idea era que este camión con servicios, donde se imparte un curso homologado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y ofrece guardería y cursos culturales de recuperación de saberes, viajara 4 meses por comunidades de los Montes de María, una región azotada por el conflicto, donde aún se nota la presencia paramilitar y donde el Estado es deficiente.
Por eso, las mujeres -y Rafael- en la clase son realistas: “Nosotras aquí podemos empaparnos de las leyes pero luego en la comunidad no se da”, se quejan.
Maigualida tuvo que presentar una tutela judicial para conseguir que la Entidad Promotora de Salud (EPS) le diera una silla de ruedas para Keisy; también así ha conseguido que le den comida reforzada para su hija o incluso que el padre les pase una pensión. Los derechos que en las ciudades se dan por sentados, en los pueblos se pelean o sino brillan por su ausencia.
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