Al menos 14 personas defensoras de los derechos humanos fueron ejecutadas extrajudicialmente en México en 2023 y la mayoría de estos crímenes tuvieron motivos políticos, según denunció el Comité Cerezo México en un reporte.
Según el informe, con estas ejecuciones suman 93 asesinatos de estos activistas en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que comenzó el 1 de diciembre de 2018, con lo que supera los 67 de todo el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), aunque no alcanzan la mitad del mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que sumó 189.
La organización precisó que las ejecuciones extrajudiciales son aquellas que se cometen como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras estaban realizando y cuyos perpetradores fueron agentes del Estado “bajo la modalidad de comisión o aquiescencia”.
Explicó que existen 3 factores que hacen que en este Gobierno se hayan superado los números del sexenio de Calderón: que se continúa con la represión política a nivel estatal y municipal, que existe una política de impunidad y no castigo a responsables, y debido al reinicio de la “represión contrainsurgente”, principalmente en los estados de Oaxaca y Veracruz.
En este sentido, destacó que Oaxaca, en el sur del país, lideró el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales con 11 casos, que representa el 79% del total de este tipo de crímenes ocurridos en 2023.
Le siguió Veracruz con 2 asesinatos y Jalisco con uno.
En cuanto a los derechos humanos que defendían las personas asesinadas están principalmente el derecho al territorio, junto con el de vivienda digna y a la vida digna.
Respecto al sexo, en este periodo, las mujeres representan el 36% de las víctimas con un total de 5, el doble de las ejecutadas en 2022, mientras que el 64% fueron hombres, con un total de 9 asesinatos.
Además, de los 14 casos registrados, solo uno no pertenecía a ningún pueblo indígena, mientras que 9 eran de la Nación Triqui en Oaxaca, 2 del pueblo Xiche, también en Oaxaca, y 2 más al pueblo Náhuatl en Veracruz.
El informe reveló también que entre los “beneficiarios” por este tipo de asesinatos, en 4 casos fue el Gobierno federal, en uno fue una minera transnacional y en 9 fueron gobiernos estatales, la mayoría de Oaxaca.
Precisó que, aunque en años anteriores los principales beneficiarios de esta grave violación a los derechos humanos eran los Gobiernos del ahora opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), actualmente son los del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) los más beneficiados de estos crímenes.
Finalmente, recordaron que, si bien no es una práctica generalizada en el país, “sigue siendo grave que sigan sucediendo estos crímenes de Estado” y consideraron que se mantendrán estas cifras en el último tramo del sexenio.
