La organización internacional Save the Children dijo que los 20 niños de 11 a 15 años que recibieron armas para brindar seguridad a su comunidad en el estado de Guerrero, son uno de los síntomas de la crisis que vive la niñez en el país.
La asociación lamentó las imágenes que trascendieron el pasado miércoles, cuando niños y niñas tomaron las armas como parte de un grupo de autodefensas en el municipio José Joaquín de Herrera, donde un grupo de adultos busca a una familia desaparecida desde el pasado 19 de enero.
“La existencia y permanencia de las autodefensas responde a la escalada de violencia que asedia a las comunidades de la zona, desamparadas por el gobierno municipal, estatal y federal”, señaló la organización en un comunicado en sus redes sociales.
Al respecto, Save the Children comentó que “la inclusión de niñas y niños en estos modelos de defensa es uno de los síntomas de la crisis que vive la niñez, que enfrenta diariamente la falta de garantía de protección de su bienestar y desarrollo, por parte del Gobierno”.
Además, condenó la situación ante el contexto de “gravísima violencia al que se enfrentan distintas comunidades a lo largo del país”.
“Las niñas y niños de Ayahualtempa, Guerrero y todo México merecen aulas, no armas”, cerró la ONG.
La decisión de integrar a menores a la CRAC-PF fue de la asamblea realizada el pasado lunes por el Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, el Comisariado de Bienes Comunales, comisarios municipales y la CRAC–PF, “ante el resurgimiento de la violencia”, de la que responsabilizan al grupo delictivo Los Ardillos.
Según registros de autoridades, esta agrupación criminal ha asolado en los últimos años la zona centro de Guerrero para mantener el control contra otros grupos delictivos.
Tras la asamblea, las autoridades comunitarias reiteraron que la actuación de su policía comunitaria es legal, aunque el Gobierno de Guerrero anunció denuncias contra los grupos de autodefensas por armar a los niños.
En esa zona se ha integrado a niños a la Policía Comunitaria por la inseguridad y violencia.
En junio del 2019 a la Policía Comunitaria se sumaron 19 niños y en 2020 ingresó otro grupo de menores de edad, que se desincorporaron en 2022, cuando funcionarios del Gobierno federal y estatal prometieron brindar seguridad con militares, Guardia Nacional y la Policía Estatal.
