Sin duda, el avance tecnológico y el uso masivo de instrumentos de comunicación están permitiendo que la guerra en Ucrania sea la más documentada en la historia de la humanidad. Ese aspecto permite que la comunidad y opinión pública internacional estén muy vigilantes de la actuación que en los frentes y campos de batalla tienen los contendientes. Por ello, hay investigaciones activas sobre violaciones a los derechos humanos.
Así, en la semana, en La Haya, Países Bajos, comenzó a funcionar el Centro Internacional para la Persecución del Crimen de Agresión contra Ucrania (ICPA), cuyo objetivo, según se anunció, es “facilitar el proceso de construcción y preparación de casos judiciales para procesar la invasión de Rusia al territorio ucraniano”. El “crimen de agresión”, que rara vez se ha perseguido a nivel internacional, es el que más se repite en las varias denuncias que ya están sobre los escritorios de los juzgadores.
Ese Centro es parte de la Corte Penal Internacional que, por cierto, mantiene jurisdicción para perseguir, investigar y sancionar el “crimen de agresión”, aunque cabe aclarar que solo podría hacerlo si ambos países afectados han ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal. Ni Rusia ni Ucrania lo han hecho, lo que complica la situación. Es por ello que se hizo necesario la creación de un tribunal especial.
El ICPA, según su declaración de intenciones, funcionará como una pieza esencial para garantizar la rendición de cuentas, de forma complementaria a los marcos ya existentes del Derecho Internacional, en el marco de la guerra en Ucrania.
Es necesario apuntar que el Centro Internacional para la Persecución del Crimen de Agresión contra Ucrania no tendrá la jurisdicción de emitir órdenes de arresto ni a investigar por sí mismo. Jueces y miembros del aparato judicial de la propia Ucrania, Lituania, Polonia, Estonia, Letonia, Eslovaquia y Rumania, son los 7 socios del equipo conjunto de investigación que han participado en la puesta en marcha del Centro.
En la guerra en Ucrania, la Fiscalía General de ese país mantiene abiertos casos a raíz de 93 mil informes de crímenes de guerra, hay 347 sospechosos, 207 acusaciones y 53 condenas. Esos son los datos iniciales desde donde podría arrancar el Centro Internacional para la Persecución del Crimen de Agresión contra Ucrania.
