La diputada local panista Fernanda Salazar informó en una entrevista que presentó una iniciativa de ley con el objetivo de que el Gobierno estatal emita protocolos de actuación ante denuncias y casos de violencia de género en sus oficinas e instituciones, incluyendo los 10 ayuntamientos.
La legisladora mencionó que para ello se deberá reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima, así como de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.
Comentó que el Gobierno del estado deberá proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad, al tiempo que impulsar condiciones que permitan vivir sin violencia o libre de aquello que atente contra la dignidad de las personas.
En particular, dijo, destaca que la seguridad, considerada como un derecho humano, constituye una función estatal encomendada a los tres niveles de Gobierno, orientada a salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como a contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
Destacó que, históricamente, las mujeres han sido especialmente afectadas privándolas de la oportunidad de vivir en un entorno seguro, libre de violencia y con pleno respeto a su dignidad, en los ámbitos personal y laboral.
Por ello, consideró fundamental que el Gobierno del estado cuente con un protocolo contra la violencia de género, que puede abonar al deber constitucional de las autoridades públicas de garantizar la seguridad y dignidad de las mujeres que, por motivos distintos a los laborales, se encuentren en las diversas oficinas e instituciones públicas del orden estatal y municipal, lo cual viene a fortalecer la justificación de la necesidad de la iniciativa que se plantea en este documento.
Asimismo, señaló que la implementación de protocolos contra la violencia de género en instituciones y oficinas públicas adquiere una importancia crucial en la actualidad.
En ese contexto, dijo que la creación e implementación de un protocolo de actuación para casos de violencia de género, se revela como una herramienta fundamental en la lucha contra la inseguridad en oficinas e instituciones del Estado y de los municipios, que garanticen la dignidad y seguridad de las mujeres que se encuentren en riesgo de sufrir algún acto de violencia de género en el ámbito de su empleo público.
