Activistas denunciaron la creciente violencia en el estado de Chiapas, donde aseguraron que hay múltiples violaciones a los derechos humanos.
“Chiapas vive en una crisis de derechos humanos, violentados y abandonados por parte de las autoridades. Estamos en medio de desapariciones, asesinatos, desplazamientos que no han sido atendidos por el Gobierno mexicano”, indicó Dora Lilia Roblero García, directora del Centro de Derechos Humanos -conocido como El Frayba-, durante la celebración del 35 aniversario de la organización en San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas.
La activista denunció que la violación a los derechos humanos en Chiapas se agudizó desde 2022 y se generalizó en todo el estado, por lo que este aniversario los llama a la reflexión para “entrelazar conocimiento”.
“Las autoridades no han atendido ni han pensado dar solución o por lo menos investigar, lo cual nos preocupa mucho porque existe gente sufriendo, hay una situación de miedo y afectación psicológica”, dijo la defensora de derechos humanos.
El Frayba reunió para este evento a diversas organizaciones en las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral (Cedeci), y entre los invitados estuvo el obispo Raúl Vera López, presidente del Consejo Directivo de la organización.
También estuvo presente Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y una comisión de las organizaciones Las Abejas de Acteal, ejidatarios de San Jerónimo Bachajón, Organización Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, el gobierno comunitario de Chilón y simpatizantes zapatistas.
Los activistas señalaron que durante estos 35 años de trabajo pocos han sido los cambios por parte de las autoridades, pues continúan dándose privaciones arbitrarias de la libertad, torturas sistemáticas, violencia estructural y hay múltiples casos por resolver.
“Parece que no somos seres humanos merecedores de una justicia digna porque somos pobres, porque somos indígenas, porque no somos ricos”, dijo en el evento Guadalupe Vázquez Luna, mujer tzotzil, activista y sobreviviente de la masacre de Acteal, perpetrada por paramilitares que dejaron sin vida a 45 personas en diciembre de 1997.
Activistas, ONG y comunidades han señalado en los últimos meses el clima de “guerra civil” que se vive en el estado por los conflictos armados, presencia de grupos del crimen organizado y carteles del narcotráfico, lo que ha desencadenado homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, en particular en comunidades indígenas y afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Ante este panorama violento institucional, la guerra entre los carteles de México y los procesos electorales que se avecinan en México este 2024, las organizaciones presentes en el evento aseguraron que buscarán nuevas estrategias para hacer valer los derechos humanos de los pueblos originarios y campesinos en México. Señalaron los activistas.
