Por José Luís Negrete Ávalos
En el preámbulo hacia el próximo 2 de junio se desarrollan en pleno las campañas políticas en las que los papeles antagónico y protagónico se mezclan entre las coaliciones y el partido que toma por decisión propia presentarse en solitario, asegurando cada cual sus posicionamientos y plataformas políticas por medio de las fórmulas propuestas para competir por los distintos cargos.
En sus procesos internos designan a los candidatos y candidatas que a lo largo y ancho del territorio mexicano tienen en la mira avanzar favorablemente en las elecciones 2024.
Tomando de referencia el tema de las designaciones, surge una duda sobre el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos del INE que resumen las acciones afirmativas para este periodo electoral.
Estableciendo aquellas acciones que buscan disminuir o corregir las desigualdades y discriminación a los grupos históricamente vulnerados, a través de protocolos de actuación al momento de la jornada electoral, que especifican las reglas a seguir, tanto para el Instituto en su papel de árbitro electoral, como el desempeño de los institutos políticos, en los asuntos de inclusión, la pregunta permanente ¿es suficiente la regulación de la participación política de los grupos prioritarios en la legislación electoral?
La respuesta casi inmediata, entre la realidad y la planeación nuevamente aparece una profunda brecha, donde las intenciones y las posturas políticamente correctas parecen presentarse, sin embargo, la dureza de la realidad golpea fuertemente las aspiraciones de un entorno de participación política justa para quienes integran estos grupos.
En el tenor de la discusión, donde las personas con discapacidad, las personas de la diversidad sexual y las personas indígenas participen con la intención de hacer frente a las dudas provocadas por la apatía de la propia sociedad, y observar la disposición de cada partido político para asumir las acciones afirmativas señaladas en este proceso electoral. Con insistencia las asociaciones de personas con discapacidad, diversidad sexual e indígena, luchan por el reconocimiento, respeto, y promoción de sus derechos políticos electorales.
Reafirmando la intención de dejar atrás las respuestas de tintero y pluma, para lograr un cambio tal como sucede con la paridad de género, lograr para sí, el reconocimiento a los esfuerzos por hacer valer el sufragio y la representación política. Un cambio que muchos esperan surta efecto, no por una oportunidad sino, por un derecho que se ha ganado a cabalidad.
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