El Gobierno de Argentina, presidido por el ultraliberal Javier Milei, decidió afrontar la presunta cartelización del sistema de salud privado en el país y aminorar los aumentos de precios que aplicó desde que el nuevo mandatario liberó todos los precios de la economía.
“Estamos discutiendo en Argentina el cambio de régimen económico” y “en el capitalismo moderno, la ley de defensa de la competencia se cumple”, pero “es ilegal que eventualmente 4 o 5 empresarios se junten y coordinen algún tipo de política comercial en detrimento de los consumidores”, dijo este jueves el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, a la radio Rivadavia.
El Ejecutivo, cuya gestión comenzó el 10 de diciembre pasado, heredó una inflación superior al 200% anual y, además, emitió un decreto de necesidad y urgencia desregulador de la economía, que permitió que se dispararan los precios al consumidor.
Los precios de los seguros privados de salud acumularon un alza de 151% en promedio desde diciembre pasado para recuperar el atraso que sufrieron por la “congelación” del Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023), que dejó un sistema sanitario con serias dificultades económicas.
El aumento de los seguros de salud afecta a una parte relevante de la población, alrededor del 13%, principalmente de clase media y alta, dijeron a la agencia informativa EFE fuentes del sector, que indicaron que, por los aumentos de precios, entre un 3% y un 8% de los asociados dieron de baja los planes, otros cambiaron de empresa o bajaron el nivel de su cobertura.
El Gobierno, que pregona la libertad de mercado, decidió involucrarse en el sector de la salud privada.
Lavigne explicó este jueves que en el sector de medicina privada “reacciona tarde la competencia” y que hay un segmento de la población, como personas ancianas o con enfermedades preexistentes, para quienes “no es fácil” cambiar de empresa.
Para los privados, la solución era reducir la cantidad de prestaciones en el programa médico obligatorio (PMO), en vez de regular los precios.
Y consideran que la decisión del Ejecutivo de meterse en las tarifas de salud tiene que ver con la necesidad de distraer a la población de los aumentos en los servicios públicos de energía, que fueron liberados a partir de este mes, en un contexto de caída de la actividad y pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.
Medidas
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó en “forma preliminar” que existen indicios sólidos de un acuerdo colusivo entre las empresas de medicina prepaga, cuyos “efectos inmediatos” fueron el “aumento cuasi uniforme” en los precios de los planes de salud.
En base al dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio adoptó una medida cautelar que obliga al grupo de empresas de medicina prepaga que representa el 75% de los afiliados a reajustar desde la próxima facturación los valores de sus planes de salud a diciembre de 2023, ajustado por el índice de precios al consumidor (IPC).
La medida cautelar -que tiene efecto por 6 meses- obliga a que los valores de las cuotas de los planes de salud no aumenten por encima del IPC, que las empresas cesen cualquier intercambio de información comercial y que presenten mensualmente información a la Comisión.
Como resultado de esta investigación -iniciada a partir de una denuncia de cartelización presentada en enero pasado por legisladores del partido opositor Coalición Cívica-, la cuota de las prepagas en mayo debería reducirse en un 33% respecto a la de abril.
Al tiempo, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) presentó una acción de amparo con una medida cautelar por “abuso de precios” para retrotraer los aumentos de las cuotas que estuvieron por encima de la inflación en los últimos 4 meses.
La acción de la SSS implica a 18 empresas que abarca casi el 90% de los beneficiarios cubiertos por el sistema privado.
Los abogados del sector de los seguros privados de salud analizan las respuestas ante la Justicia, en un contexto en que la Secretaría de Industria y Comercio les prohíbe reunirse.
El sector considera que la decisión de retrotraer los precios a diciembre es de “cumplimiento imposible” sin ajustar los honorarios de los prestadores y bajar la calidad.
