Más de 30 organizaciones de toda la región se reúnen desde este viernes en Santiago para compartir ideas de cara a la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3) programada para la próxima semana y pedir que se acelere la implementación del tratado, el primero del mundo que protege a los defensores ambientales.
“Este es un encuentro generado por la sociedad civil para encontrarse en el debate de ideas y el intercambio de opiniones sobre las implicancias de este acuerdo. Es muy importante porque nos permite generar un espacio extra institucional para encontrar a las personas que trabajan por la justicia ambiental en la región”, dijo a EFE la abogada y coordinadora general de la ONG chilena FIMA, Antonia Berrios.
El encuentro, realizado en el Centro Cultural de España en Santiago (CCESantiago) y en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en la capital chilena, aspira a “generar un espacio de conexión, red y debate, para finalmente en la plenaria recoger las discusiones tendidas en el espacio”, agregó Berrios.
Intercambiar experiencias sobre los desafíos que implica la implementación del acuerdo, la evolución del proceso de transición energética regional y las políticas climáticas con enfoque de género y derechos humanos son algunos de los temas que se tratarán en las dos jornadas de conferencias y charlas de la llamada “pre-COP”.
Reconocido a nivel global como un tratado inédito que consolida la democracia ambiental, el Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo de 2018 en Costa Rica y vigente desde abril de 2021, solo ha sido ratificado por 15 Estados de los 24 países de América Latina y el Caribe que lo firmaron originalmente, de un total de 33 en la región.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el único del mundo que contiene disposiciones específicas sobre la protección de activistas.
Pese a que Latinoamérica contribuye solo con el 9% de las emisiones globales, es una de las regiones más vulnerables a los efectos de la crisis climática.
Latinoamérica es también la zona más peligrosa del mundo para los defensores ambientales y donde existe una mayor impunidad.
El año 2020 fue el más mortífero para los ambientalistas desde que hay registros y 3 de cada 4 ataques sucedieron en la región, según el último informe de la ONG Global Witness, en el que Colombia y México lideran las estadísticas.
