Jubilados y Pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que integran el Movimiento “Jubilados Pie de Lucha”, pidieron el apoyo de la población para tener peso tanto social como político, y que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analicen y discutan su demanda de la entrega del recurso de sus Afores, que solo de quienes presentaron demanda, son más de 28 mil millones de pesos.
Las y los jubilados y pensionados manifestaron que durante su vida laboral activa ahorraron dicho recurso, y desde el 2015 éste está pasando a manos del Gobierno federal.
En rueda de prensa, a nombre de sus compañeras y compañeros, Leticia Aldrete Ramos, coordinadora estatal del Movimiento “Jubilados Pie de Lucha” en Colima, exigió a la SCJN resolver.
“En forma rapaz y arbitraria se envía a las arcas del Gobierno federal al aplicarse la jurisprudencia 185/2008, aduciendo que ese dinero es para financiar nuestra pensión, lo cual es completamente falso, ya que las y los que laboramos en el IMSS, al jubilarnos recibimos nuestra pensión a través de un fondo de financiamiento en donde se aportan cuotas quincenales, y está establecido en el régimen de jubilaciones y pensiones del Contrato Colectivo de Trabajo”, señaló.
Insistió en que las y los trabajadores del IMSS no se pensionan por lo establecido en la Ley del Seguro Social, sino a través del Contrato Colectivo de Trabajo pactado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Aldrete Ramos señaló que, con dicha acción, el propio Gobierno federal está violando la Ley del Seguro Social en los artículos 169 y 190, donde se establece que ese dinero de las Afores, es propiedad del trabajador y que al jubilarse o pensionarse puede retirar el dinero de la cuenta individual del Afore en una sola exhibición, como se hizo hasta noviembre de 2015.
Pidieron que ya se resuelva su demanda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y si no les es favorable, insistieron en que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Puntualizaron que son 28 mil millones 500 mil pesos de las y los trabajadores jubilados del IMSS, con los que pretende quedarse el Gobierno federal, solo de quienes han presentado demanda.
