Tiene contemplado el INE que 30,391 mexicanos en prisión preventiva, de 215 cárceles, voten en esta elección federal y local.
Sin embargo, 48,312 no podrán hacerlo porque los gobiernos estatales o federal se negaron por cuestiones de seguridad o logística, o debido a que los presos incumplieron con los requisitos o no aceptaron la invitación, fueron sentenciados o murieron en las últimas semanas.
Según publica Reforma en su edición digital, del total de votantes, 27,818 son de centros penitenciarios estatales en 30 entidades, y 2,573 de cárceles federales, incluidas las de máxima seguridad, como El Altiplano, en el Estado de México.
En septiembre, cuando arrancó el proceso electoral, el INE tenía enlistados 274 reclusorios, pero los gobiernos mostraron resistencias en 63.
El caso más complicado al que se enfrentaron fue en Veracruz, donde el gobernador Cuitláhuac García, en pleno desconocimiento del programa, de la orden del Tribunal Electoral y la ley, se negó a que 4,854 reclusos en prisión preventiva de 18 centros votaran.
El mandatario estatal de Morena acusó a las autoridades electorales de poner en riesgo las cárceles por un capricho o “tener algún interés dentro de los penales” para vulnerar la seguridad, y hasta provocar una fuga. Además, cuestionó por qué querían que votaran los “jefes de plaza”.
Ayer, durante la sesión de las comisiones unidas de Capacitación y Organización del INE, los consejeros mostraron su molestia porque el área jurídica apenas comunicó el jueves al Tribunal Electoral sobre el incumplimiento, pese a que hace un mes le ordenaron hacerlo.
El Gobierno de Yucatán también mostró sus resistencias, pero finalmente aceptó aplicar el programa en uno de sus cuatro penales.
Sin embargo, el Registro Federal de Electores declaró improcedentes las solicitudes de los presos de la cárcel de Mérida por presentarlas fuera de tiempo.
Esto provocó el enojo de los consejeros, porque, recordaron, el titular del área, Alejandro Sosa, les había prometido que entrarían al programa, pese a los retrasos.
“Me sorprende que a pesar de que en esta comisión se insistió en que había que sacar adelante Yucatán, se declararon todos improcedentes. Ya sabíamos que eran extemporáneos, y que la idea era ver cómo sí, y no cómo no”, recriminó el consejero Martín Faz.
El único penal que entraría sería Mérida con 428 presos, de ellos 214 cumplían los requisitos.
Funcionarios del INE informaron que hasta el momento 5 personas en la cárcel estatal han presentado un recurso ante el Tribunal para que puedan votar.
En la Ciudad de México, precisó Reforma, 403 presos cuya petición fue declarada improcedente, también presentaron un juicio.
El voto en prisión preventiva se realizará del 6 al 20 de mayo; a los presos se les entregará un sobre con su boleta e información sobre cómo ejercer su voto, y deberán entregarla al personal del INE.
En todos los penales podrán votar por la Presidencia de la República, y en algunas entidades por gobernador, jefatura de Gobierno y diputados.
Con información de Reforma
