La violencia institucional y la discriminación hacia las parteras tradicionales e indígenas persiste por parte de profesionales de la salud, denunció el Movimiento de Parteras del estado de Chiapas “Nich Ixim” (flor de maíz), en el marco del Día Internacional de las Parteras, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Por ello, exigieron al Gobierno del estado de Chiapas que armonice en la Ley Estatal de Salud los cambios introducidos en la reforma aprobada a la Ley General de Salud, entre ellos, la aceptación de las constancias propias de las parteras tradicionales y la pronta atención de las mujeres en los hospitales con urgencias obstétricas.
En México, según registros, existen más de 20 mil parteras tradicionales, 100 parteras profesionales egresadas y 16,684 licenciadas en enfermería y obstetricia, según datos del Instituto de Salud Pública.
Esta fuerza de trabajo ha sido fundamental en el acompañamiento de embarazos y atención a partos en comunidades, zonas rurales y ciudades, especialmente durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
“Los prejuicios, la discriminación y el racismo, por ser conocimientos empíricos y ancestrales, persisten por parte de profesionales de la salud”, expresó a EFE Rosalinda Pérez Roblero, partera del municipio Frontera Comalapa, quien tiene 65 años de experiencia en esta labor.
“Las parteras se desmoralizan por no seguir trabajando, pero la unión del grupo nos fortalece, continuamos luchando a pesar de la inseguridad y leyes que obligan a las embarazadas a tener su control prenatal para ser atendidas por médicos si hay complicaciones, eso no es justo”, dijo.
En una conferencia de prensa, las voceras del Colectivo de Parteras Nich Ixim, con representación en 30 municipios del estado de Chiapas, con un total de 600 mujeres y hombres agremiados, manifestaron su preocupación ante la discriminación y el racismo que se vive en el sistema de Salud del estado.
“Vivimos discriminación y racismo por parte de las instituciones que no reconocen la partería tradicional e indígena como una opción adecuada y segura para las mujeres”, denunciaron.
Expusieron que el sistema de salud de México, a través de sus políticas públicas, pretende desaparecer esta práctica milenaria, además de acusar al IMSS Bienestar como una de las instituciones donde más trabas les ponen para ejercer la labor, violentando el derecho al trabajo.
Otras de las complicaciones que manifestaron las parteras es lograr el certificado de nacimiento de los bebés, pues las constancias de alumbramiento que ellas expiden no son aceptadas por el Registro Civil.
“A nosotras no nos dejan atender partos y por parte del Movimiento manejamos un formato que el Registro Civil rechaza dejando a niños y niñas sin su acta de nacimiento”, expuso a EFE Amalia Sánchez Gómez, partera tzeltal de Oxchuc, con 45 años de experiencia.
Relató que en febrero pasado una mujer murió por no ser atendida ni por una partera, ni por un médico. La mujer vivía a tres horas de la cabecera de Oxchuc, a 5 horas de la capital Tuxtla Gutiérrez y falleció por no tener atención pronta.
“Nosotras como parteras conocemos las necesidades de nuestras mujeres y niños, no es lo mismo estar sentada tras el escritorio, ellos no reconocen las necesidades y el sufrimiento de los indígenas”, indicó.
Recordó que también han denunciado que la violencia e inseguridad que se vive en el estado por los grupos armados y la delincuencia organizada ha puesto en riesgo la vida de mujeres embarazadas.
Mediante un discurso de Dora Méndez Alfonzo, vocera de la organización, las parteras demandaron “el reconocimiento y dignificación de la partería tradicional como un derecho cultural y parte de la identidad de los pueblos”. Y pidieron, además, “el reconocimiento económico por parte de instituciones de salud”.
Exigieron también un alto a la criminalización y persecución a la que son sometidas las parteras por cuidar los embarazos y partos en sus comunidades y barrios.
