El Grupo de Puebla se encuentra entre las organizaciones y juristas internacionales que participarán en la audiencia judicial de apelación del recurso de habeas corpus que pide la libertad de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2017, durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017), para que pueda ser acogido por México, cuyo Gobierno le dio asilo antes de ser detenido en su embajada en Quito.
En una rueda de prensa, el equipo legal que defiende a Glas anunció las incorporaciones de estos apoyos internacionales bajo la figura del “amicus curiae” a la apelación del habeas corpus, que en primera instancia declaró como ilegal y arbitraria su detención en la Embajada de México ocurrida el 5 de abril, pero lo mantuvo en prisión por la pena que sigue vigente por dos condenas anteriores por corrupción.
Glas, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa, llevaba alojado en la delegación diplomática mexicana desde el 17 de diciembre de 2023, cuando llegó para solicitar asilo, pues siempre ha rechazado las acusaciones y cargos en su contra y se ha declarado como perseguido político y víctima de “lawfare” (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos).
En el momento de su detención, sobre el exvicepresidente pesaba una orden de prisión preventiva al estar imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en el caso de las obras de reconstrucción tras el fuerte terremoto de 2016, mientras que la Justicia dictaminó que debía terminar de cumplir en cárcel pena de 8 años de prisión por la que ya estuvo cerca de 5 años, entre 2017 y 2022.
Además del Grupo de Puebla, también participarán en la audiencia como “amicus curiae” de la demanda en favor de Glas el Observatorio de Lawfare, el jurista argentino Eugenio Zaffaroni y el exembajador de Bolivia ante la ONU Sacha Llorenti.
A través de una videoconferencia, el cofundador del Grupo de Puebla, el chileno Marco Enríquez-Ominami, aseguró que para su organización este desafío es primordial, porque a su juicio, corre peligro la vida de Glas, que desde su detención lleva más de un mes encarcelado en La Roca, la prisión de máxima seguridad de Ecuador.
Enríquez-Ominami señaló que el Grupo de Puebla lleva años siguiendo el caso de Glas al considerar que el juicio en el que se le condenó no tuvo un debido proceso y afirmó que ahora se ha violado la condición de asilado que le había dado México.
Denuncian “’lawfare’ internacional”
Támara Lajtman, del Observatorio de Lawfare, aseguró que en Ecuador existe “un modelo de “lawfare” contra el correísmo” que con el asalto a la Embajada de México traspasó todo límite hasta convertirse en un “lawfare” a nivel internacional.
En ese sentido, consideró que la respuesta del sistema interamericano, donde la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó enérgicamente la irrupción en la embajada, “ha sido poco contundente”.
Lajtman opinó que “lo que hizo el Ejecutivo de Ecuador se puede considerar un “casu belli” (motivo de guerra)”.
También cuestionó que si para la Justicia ecuatoriana la detención fue ilegal, no lo dejase en libertad y lo mantuviese en cárcel por las condenas anteriores. “Un mismo hecho es legal para una cosa e ilegal para toros. Vulnera los principios básicos de no contradicción”, dijo Lajtman.
Caso sin precedentes
De su lado, Zaffaroni expresó que “lo que ha hecho el Gobierno de Ecuador no tiene precedente alguno desde el punto de vista jurídico”.
“Nuestra América, con su historia tan extremadamente accidentada, nunca a lo largo de ella se ignoró o violó el derecho al asilo diplomático. Se negaron los salvoconductos, como el famoso caso de Víctor Raúl Haya de la Torre (líder histórico del APRA peruano), pero no sé invadió la embajada (de Colombia), ni se lo secuestró”, dijo Zaffaroni.
Para el Gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, fue México el primero en transgredir normas internacionales al dar asilo a una persona procesada por delitos comunes y condenada por tribunales ordinarios, conforme se contempla también en la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático.
Mientras, el abogado ecuatoriano Edison Loaiza sostuvo que Glas es un secuestrado por el Estado al argumentar que desde 2021 debería estar en libertad por buen comportamiento en la cárcel y revindicó su derecho al beneficio penitenciario de la “prelibertad” que hasta el momento le negó la Justicia nacional.
