Por Juan Palop
La crisis económica que asola a Cuba ha tenido un nuevo impacto significativo: el retraso del censo de población, inicialmente previsto para hace 2 años, hasta al menos 2025. Esta postergación, anunciada por Juan Carlos Alfonso, vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), subraya la profundidad de la crisis y sus consecuencias en la gestión pública y la planificación nacional.
La falta de recursos, atribuida a las sanciones estadounidenses y a problemas internos, ha dejado al país sin una herramienta esencial para la elaboración de políticas públicas efectivas. El censo, que se realiza cada década, es crucial para actualizar los datos demográficos y socioeconómicos que sustentan las decisiones gubernamentales. Sin esta información, Cuba enfrenta serias dificultades para abordar adecuadamente los problemas de bienestar y desigualdad que afectan a su población.
Desde 2020, una serie de factores ha exacerbado los problemas estructurales de la economía cubana: la pandemia, las políticas fallidas y el endurecimiento de las sanciones bajo la administración de Donald Trump. Estos factores han generado escasez de bienes esenciales, inflación galopante, apagones frecuentes y una oleada migratoria sin precedentes. Las consecuencias son palpables: aumento de la pobreza, deterioro del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y una creciente desigualdad, medida por el Coeficiente de Gini, que ahora se estima entre 0.4 y 0.5, lejos del 0.25 registrado en 1989.
La ONEI se encuentra en una posición difícil, tratando de proporcionar datos precisos en un entorno donde la información se convierte en un arma política. Las estadísticas sobre migración e indicadores de desigualdad se elaboran, pero no se publican, una práctica que limita la transparencia y dificulta una evaluación objetiva de la situación en Cuba. Alfonso defiende la postura de la ONEI, argumentando que muchas de estas informaciones se utilizan en su contra.
La migración es otro punto crítico. Desde 2021, aproximadamente 750 mil cubanos han emigrado, la mayoría a Estados Unidos y México. Este éxodo masivo, que incluye a jóvenes y personas en edad productiva, tiene un costo significativo en la capacidad reproductiva y productiva del país. La falta de un censo actualizado complica aún más la comprensión del impacto total de esta pérdida.
La situación en Cuba requiere una atención urgente y una estrategia de respuesta que vaya más allá de la supervivencia política. Es imperativo que el gobierno cubano, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentre soluciones para mitigar los efectos de esta crisis y priorice la realización del censo. Solo con datos actualizados y fiables se podrán diseñar políticas públicas efectivas que aborden las necesidades reales de la población y frenen el deterioro de los indicadores de bienestar.
El retraso del censo hasta 2025 es un reflejo de las dificultades actuales, pero también una oportunidad para revaluar las estrategias y reforzar la resiliencia del país frente a futuras crisis. Cuba necesita un compromiso renovado con la transparencia y la planificación basada en datos para reconstruir su economía y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
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