La ministra chilena de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, encabezó la promulgación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres en razón de su género, iniciativa que se tramitó durante 7 años en el Congreso Nacional y que regula mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y acceso a la justicia para las víctimas.
“Esta fue la primera urgencia legislativa que anunciamos como Gobierno, antes de asumir incluso, el 8 de marzo de 2022. Requirió el trabajo de comisiones unidas en el Senado y una larga discusión artículo por artículo (…). Entre otras muchas cosas, crea y define distintos tipos de violencia que la sociedad ha avanzado en identificar, mejora el seguimiento, control y dictación de medidas cautelares”, señaló la secretaria de Estado desde el Museo de la Educación Gabriela Mistral, ubicado en el centro de Santiago.
Orellana afirmó que “(la ley) incorpora a los niños y niñas víctimas de pleno derecho, no solo como testigos de la violencia que sufren sus madres y cuidadoras principales, sino también reconociéndolos con toda la evidencia científica disponible como personas de pleno derecho a las que también afecta esta situación”.
Añadió que esto “permitirá que se tomen mejores medidas de alejamiento, que no se crucen los procedimientos de familia con los procedimientos penales vinculados a la seguridad y que como sociedad nos demos la oportunidad de romper con el ciclo de la violencia generación a generación”.
La iniciativa, presentada durante su segundo Gobierno por la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018) y la entonces ministra Claudia Pascual -hoy senadora-, se promulga 30 años después de la entrada en vigencia de la primera ley sobre violencia doméstica de 1994 en el marco de la Convención de Belém do Pará, suscrita y ratificada por Chile en el mismo año.
