Activistas presentaron el quinto informe del “Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización en México” donde se analizaron las políticas de seguridad y se anticipó un “fracaso garantizado” si la futura presidenta Claudia Sheinbaum sigue el camino del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
“Si la presidenta electa decide continuar en los mismos términos la política pública de seguridad, el fracaso está garantizado”, aseveró el senador independiente Emilio Álvarez Icaza quien fue invitado por la organización para participar en un acto que tuvo lugar en la comisión permanente del Senado de México.
En el evento, dirigido a evaluar el papel de la Guardia Nacional (GN), fuerza de seguridad creada por el Gobierno de México en 2019, la presentación del informe corrió a cargo de la presidenta de la organización Causa Común, María Elena Morera.
“Hasta la llegada de López Obrador fue que se institucionalizó la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en seguridad y otras actividades de la vida civil en México”, explicó Morera quien aludió a la entrega a los militares de responsabilidades civiles como el control de infraestructuras públicas.
La activista denunció que la mayoría de efectivos de la GN son de transferencia militar. En 2022 el 71% de sus miembros provenían del Ejército, dato que según relató “no pudo ser actualizado para 2023” y es que según se aclaró, la información que el Gobierno proporciona respecto a este cuerpo es limitada.
“Nos han informado que hasta abril de este año el número de elementos es de 132,612, sin embargo la información que dan suele ser incompleta e incoherente o engañosa”, afirmó Morera.
En cuanto al peso de los militares en la vida pública mexicana, puso el ejemplo de que el presupuesto de las FFAA en 2024 supera en 14 veces al de 2020, las 15 secretarías de seguridad pública estatales encabezadas por mandos militares; y los más de 1,200 cargos públicos ocupados actualmente por cargos castrenses.
En relación a los efectos de esta militarización, Morera subrayó que, en 2022, la Guardia Nacional realizó “únicamente 2,814 detenciones en el país” con casi 130 mil integrantes.
“Entonces no hay una mayor eficacia, pero sí se incrementa el peligro de un mayor número de violaciones a los derechos”, señaló la activista, quien apuntó a la falta de capacitaciones que tienen los militares para lidiar con asuntos civiles en comparación con las que se supone que deben tener los elementos policiales.
